Para fijar posicionamiento en el contexto nacional y provincial y con críticas a los legisladores de la UCR que votaron a favor del DNU de Milei, los dirigentes del centenario partido desarrollarán este sábado 6 de abril un plenario de la Convención Provincial.
«La convocatoria al plenario de la Convención Provincial del próximo sábado 6 de abril incluye un tercer y último punto de suma importancia política, pues el análisis del contexto político nacional y provincial debería conllevar no sólo un diagnóstico de la situación, sino una profunda discusión y debate que fije lineamientos claros respecto del posicionamiento de la UCR en el momento actual y del rumbo hacia el cual dirigir su accionar político», señaló en un comunicado el dirigente Pedro Salas.
Salas indicó que en La Pampa y a nivel nacional la UCR “es oposición aunque no parezca tan categórico para muchísimos afiliados radicales y para algunos legisladores y dirigentes de nuestro partido».
El resto del extenso posteo de Pedro Salas en su cuenta de Facebook
“El Presidente de la República es el Primer Mandatario de una Nación que “adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal”, que hace cuarenta años decidió aferrarse a la reconstrucción de la Democracia y del Estado de Derecho, para no recaer en la noche oscura y sangrienta de las dictaduras, aunque el Presidente se empecine en afirmar que el Estado es “una asociación mafiosa”.
Nuestro orden constitucional no admite que se denueste la democracia representativa tildando a nuestros legisladores de chantajistas corruptos, ni que se gobierne obviando la intervención del Congreso Nacional en el proceso legislativo, ni que se menosprecie la autonomía de las provincias que han sido preexistentes al proceso de integración nacional y que conservan todo el poder no delegado expresamente al gobierno federal. Le guste o no le guste al actual Presidente.
“Política” no es mala palabra y los partidos políticos “son instituciones fundamentales del sistema democrático” y el Estado debe contribuir “al sostenimiento económico de sus actividades” (Constitución Nacional, Artículo 38°). Le guste o no le guste al actual Presidente.
La UCR a través de sus Senadores y Diputados Nacionales debe estar dispuesta a analizar y debatir todo proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y, eventualmente, aprobar en general y/o en particular aquellas propuestas que coincidan con nuestro pensamiento político o programas de gobierno; pero nunca a libro cerrado, o sin discusión o sin que se acepten modificaciones que pudieran mejorar sus efectos.
En este sentido, me resultó incomprensible la presencia de los Senadores Nacionales por la UCR (incluido el de La Pampa) entre los 25 que votaron a favor del DNU 70/2023, manifiestamente inconstitucional, dejando en soledad al Presidente de la UCR y al Senador Nacional por Tierra del Fuego que, con independencia de mezquinas consideraciones políticas o ideológicas, sólo hicieron lo correcto.
En relación al contexto provincial, sin perjuicio de una evidente carencia de ajuste y achicamiento de la burocracia y de la estructura del estado, son inadmisibles tanto la retención de fondos especiales que por ley les corresponden a las provincias como la subordinación de su envío a la aprobación de paquetes legislativos, sin discusión, cual contratos de adhesión.
El mismo «Pacto de Mayo», que bien podría ser el punto de partida de un gran acuerdo nacional en el que convenir 10 políticas de Estado (equilibrio fiscal; reducción del gasto público; reformas: tributaria –que reduzca la presión impositiva-, laboral –que promueva el empleo formal-, previsional –que dé sustentabilidad al sistema- y política; rediscusión de la coparticipación federal de impuestos –pendiente desde la reforma constitucional de 1994; apertura del comercio internacional y avance en la explotación de los recursos naturales provinciales; etc.) a seguir y sostener con independencia de los gobiernos de turno, se enerva y anula por su condicionamiento a la aprobación de un nuevo proyecto de ley ómnibus y de un pacto fiscal sin discusión previa.
No importan –a mi criterio- cuáles son los índices de popularidad o aceptación que mantienen los actuales gobiernos nacional y provincial, ni el acompañamiento que el electorado tenga respecto de uno, a pesar del brutal ajuste que repercute sobre ingresos y salarios; o la falta de prudencia en el gasto público o de achicamiento de la burocracia, respecto del otro. No importan tampoco las proyecciones electorales que circunstancialmente proporcione el impulso de políticas históricamente reñidas con los principios y la doctrina de nuestro más que centenario partido (la institucionalidad, el respeto al orden constitucional, a los derechos humanos, la libertad, la educación y la salud públicas). En política, como en cualquier orden, no se hace lo que se quiere o lo que se puede; se hace lo que se debe hacer o sino no se hace nada”. (foto ilustrativa)
