Los informes técnicos que recibió el fiscal German Pollicita sobre la situación patromonial de Manuel Adorni reflejaron inconsistencias y no se descarta que en las próximas semanas el ex jefe de Gabinete sea citado a declarar para dar explicaciones. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, un informe técnico llegó en las primeras horas de este viernes a las manos de Pollicita, quien interviene de la causa que investiga a la familia Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. El análisis de carácter técnico fue elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI). En el mismo se estudió la evolución económica de Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, desde diciembre de 2023, cuando por entonces asumió en el rol de funcionario de la gestión Milei. Desde entonces la lupa estuvo puesta en las declaraciones juradas, bienes, gastos y operaciones con criptomonedas. En este sentido, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, la DAFI marca en su escrito que hay “inconsistencias” en la información. Por eso la fiscalía, que había solicitado el informe, ahora trabaja para darle forma a un eventual requerimiento de justificación patrimonial, tras haber analizado el periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y la actualidad. Entre otros ítems, donde se analizó de manera individual a Adorni y Angeletti, también se realizó un examen de la familia, estudiando la estructura y evolución de los bienes, disponibilidades e inversiones, créditos y deudas existentes al comienzo y al cierre de cada año investigado de manera minuciosa, donde también se debía identificar los ingresos y los egresos de los fondos que tuvieran respaldo documental, y diferenciar los mismos de las transferencias entre las propias cuentas o de integrantes del grupo familiar. En este punto se tuvieron en cuenta: movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros. En relación con esto, el fin principal era hacer la reconstrucción tanto de las entradas como de las salidas de dinero para vincularlas con las adquisiciones de bienes, los gastos corrientes y extraordinarios, los consumos, los pagos efectuados en efectivo o en moneda extranjera y la cancelación de pasivos. Por eso también se revisaron costos, fechas, formas de pago, entre otros puntos clave como operaciones con criptoactivos, integrando información de plataformas, cuentas y billeteras relacionadas con los activos virtuales, con la pertinente distinción de depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias. Lo propio se llevó a cabo mediante un proceso de comparar la información con las declaraciones juradas patrimoniales, así como con los antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales que fueron incorporados a la causa. Al ser técnico, no habla de cifras, sino que su contenido demuestra inconsistencias que serán material de análisis para Pollicita, para luego determinar cuáles serán los pasos subsiguientes en la investigación. En este sentido, Adorni podría brindar explicaciones sobre sus números al recibir una citación, a inicios de agosto. La intimación formal será el medio a través del cual Adorni será informado respecto de la detección de un incremento de manera injustificada de su patrimonio, para lo cual se le brindará la oportunidad de explicar el origen de esos fondos. Hasta ahora, en este proceso, fue su defensa, Matías Ledesma, quien participó, con un rol pasivo, de todas las declaraciones e instancias del expediente. Y ahora será la primera vez que el exfuncionario deberá dar una explicación judicial en relación con sus movimientos. Llegado el momento, si la explicación resultara insuficiente para los investigadores, es posible que el funcionario pueda llegar a ser citado a una indagatoria, que solo puede disponer el fiscal, aunque la decisión final de convocarlo o no será del juez del caso, Ariel Lijo. Cada dato será revisado durante la feria judicial de invierno por los investigadores de la fiscalía con el objetivo de darle encuadre jurídico. fuente: Noticias Argentinas

La Libertad Avanza debió a postergar por cuarta vez  en el Senado el debate del proyecto de propiedad privada, ya que no tenía los votos para aprobar la eliminación de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. La jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió demorar hasta la sesión del 6 de agosto el tratamiento de este proyecto, que abrió una grieta entre libertarios y aliados que no quieren votar la reforma de la ley de tierras, que establece que los empresarios extranjeros solo podrán adquirir unas 1.000 héctareas. Pero el oficialismo no solo tenía dificultades para reunir los votos para aprobar un punto central de la ley sino que había diferencias con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que no aceptaba la versión número 15 del dictamen de mayoría, según señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia NA. En el nuevo texto del proyecto sobre propiedad privada se proponía que cada provincia pueda dictar su propia ley, con lo cual si la ley nacional sacaba los topes para que los empresarios puedan comprar terrenos en la provincia podían volver a restituirlos, lo cual eso era rechazado por el Gobierno Nacional. Fuentes parlamentarias señalaron que Bullrich esta molesta porque se enteró del rechazo de Sturzenegger a los  últimos cambios al proyecto cuando ya los había comunicado en la última reunión de mesa política. Estos cambios en el capítulo sobre tierras tampoco conformaban a los aliados porque se mantenían la oposición al proyecto de los radicales, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger, y Flavio Famia, así como otros provinciales como la cordobesa Alejandra Vigo, los santacruceños José Carambia, Natalia Gadano, y la chutense Edith Terenzi. Ahora el Gobierno tendrá plazo hasta Agosto para buscar acuerdos que le permitan votar esta iniciativa, que además contempla cambios en el régimen de alquileres, expropiaciones y la ley del Manejo del Fuego. El oficialismo llegó a esta sesión con serias dificultades para juntar el  quórum de legisladores para habilitar la deliberación del plenario del cuerpo, y solo pudo conseguir el piso de 37 legisladores. La Libertad Avanza consiguó quórum con la presencia de 21 libertarios, 10 radicales, 2 macristas, 1 de Primero los Salteños, 2 de Encuentro Misionero, y 1 de La Neuquinidad. En cambio, los bloques que no dieron quórum los bloques aliados de Convicción Federal-que preside la peronista Carolina Moises-, Despierta Chubut,  Movere Santa Cruz, y  de Independencia, y Provincias Unidas. No solo los dialoguistas y los peronistas querían debatir el tema de propiedad privada, sino tampoco quería realizar la sesión la vicepresidenta Victoria Villarruel que mantuvo una fuerte discusión con la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, en un intercambio que tuvieron por mensajes de texto. “¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el mundial?”, le reprochó Villarruel a Bullrich. Sobre el final del intercambio, la Vicepresidenta calificó a la senadora de chupamedias de Karina Milei: “Andá a chuparle las medias a Karina”, espetó Villarruel; a lo que Bullrich retrucó: “¡Chau! ¡Chau comienzo y fin de una corta vida política”. Límite a la compra de tierras Uno de los puntos centrales es que el proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros. Se prohibirá la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros, y de empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional. Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional. En los casos de zonas de frontera deberá haber una autorización de los gobiernos nacionales y provinciales. En la versión numero 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero pueda adquirir tierras, y el requisito para zonas fronterizas de tener aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional. fuente: Noticias Argentinas