La salida de Flavio Bolsonaro de Brasil a través de la Argentina abrió un nuevo conflicto político para el gobierno de Javier Milei en el Congreso. Distintos sectores de la oposición impulsan pedidos de interpelación a tres funcionarios nacionales para esclarecer si existió colaboración oficial en el traslado del excandidato presidencial brasileño, cuya salida del país estaba prohibida por la Justicia de Brasil.
Los pedidos de explicaciones apuntan al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al canciller, Pablo Quirno; y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. La oposición busca determinar qué sabían los funcionarios, si se utilizaron recursos públicos y qué intervención tuvieron Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y los organismos de inteligencia.
La polémica creció tras una publicación del diario “La Nación” sobre la presunta presencia del asesor presidencial Santiago Caputo en Misiones cuando despegó el avión privado que trasladó a Bolsonaro y a su familia. Caputo es uno de los principales impulsores de la ley Malvinas, una coincidencia que alimentó los cuestionamientos de los legisladores opositores.
Desde Unión por la Patria, Agustín Rossi anunció que pedirá la interpelación de Santilli. “Bolsonaro se fugó. Milei lo ayudó. Los hechos están a la vista. Las explicaciones, no”, sostuvo el diputado, quien además advirtió que la Argentina no puede convertirse en una ruta de escape para quienes buscan evadir a la Justicia.
Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, anticipó que reclamará la presencia de Quirno y Monteoliva en el Congreso. El legislador acusó al Gobierno de haber brindado asistencia operativa mediante Migraciones, la PSA y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y exigió que los funcionarios den explicaciones ante los legisladores.
Según confirmó Migraciones, Bolsonaro ingresó el martes a las 22.50 por el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con Puerto Iguazú, acompañado por su esposa y sus dos hijas. Desde allí se trasladó al aeropuerto misionero con acompañamiento de efectivos de la PSA y abordó un avión privado con destino a Guayaquil, Ecuador. El miércoles por la mañana llegó a Miami.
La controversia se suma a las negociaciones que el oficialismo mantiene con sus aliados para aprobar la ley Malvinas. El dictamen incorporó cambios al proyecto original, entre ellos modificaciones a las restricciones vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas, una reformulación de los delitos cuestionados y mayores facultades de control para el Congreso.
Con el respaldo de Pro, la UCR y sectores dialoguistas, el Gobierno busca sostener los acuerdos parlamentarios, ahora bajo la presión de los pedidos de interpelación y las dudas opositoras sobre la actuación de los organismos de seguridad. fuennte: Diario Popular