El juez federal Ariel Lijo pidió este lunes la detención del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en la causa por las presuntas coimas en la ANDIS. La medida se produjo luego de su procesamiento en el expediente por supuestas irregularidades en el organismo. Según el magistrado, el planteo se funda en nuevos elementos de convicción incorporados a la investigación.

En su escrito, Lijo sostuvo que esos elementos “profundizan las irregularidades denunciadas respecto de las contrataciones realizadas durante su gestión”. La referencia alcanza informes en los que “se habrían constatado diferencias de precios de extraordinaria magnitud, pagos duplicados, errores de categorización y adquisiciones en las que los productos entregados no se correspondían con aquellos que habían sido adjudicados”. La causa sigue centrada en el circuito de compras y contrataciones de la agencia durante la gestión de Spagnuolo.

Presuntas maniobras El texto judicial agregó que no se trataría de “una única irregularidad aislada ni de una mera diferencia de criterio administrativo”. Por el contrario, afirmó que los elementos incorporados describen “una multiplicidad de operaciones, proveedores y modalidades de contratación” en las que “se habrían producido significativas afectaciones al patrimonio público”. Esa formulación ubica el eje de la pesquisa en el alcance de las contrataciones observadas y en el eventual perjuicio fiscal.

En paralelo, el abogado Gregorio Dalbón pidió la detención del ex funcionario y recordó su reciente procesamiento por ser considerado el jefe de una asociación ilícita dedicada a direccionar la compra de medicamentos e insumos médicos a determinados laboratorios y empresas con coimas y sobreprecios. La presentación judicial también incorporó el planteo de un posible “peligro de entorpecimiento”, al sostener que Spagnuolo podría “destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique elementos de prueba”.

Riesgos procesales Dalbón además advirtió sobre la chance de que el imputado “influya para que testigos o peritos” y pidió evaluar el “peligro de fuga”. Con esos argumentos, la discusión quedó centrada en las medidas de coerción que podrían adoptarse mientras avanza la investigación. El expediente permanece abierto y la definición sobre la detención dependerá ahora de la evaluación judicial de esos riesgos procesales y de los nuevos elementos incorporados.