La presentación había sido realizada por el Defensor General de la Provincia, Martín Saravia, la defensora pública María Soledad Forte y el defensor adjunto Mauro Fernández, quienes denunciaron hacinamiento, falta de camas, problemas sanitarios y edilicios, humedad, filtraciones, falta de ventilación y condiciones de encierro incompatibles con un trato digno.

Tras analizar la documentación, actas y fotografías incorporadas al expediente, Pascual consideró acreditada la situación y entendió que requería una intervención judicial inmediata.

Uno de los puntos más graves fue detectado en el Pabellón 5, originalmente destinado al aislamiento y que terminó siendo utilizado como sector común debido a la falta de plazas. Según el relevamiento de la Defensa, llegaron a convivir allí hasta nueve personas en un espacio pensado para una sola.

La presentación también describió filtraciones, humedad, problemas de iluminación y ventilación, deterioro de las instalaciones cloacales y falta de camas, lo que obligaba a algunos detenidos a dormir en el piso. También se denunciaron problemas de higiene y presencia de moscas, cucarachas y ratas.

El juez dispuso que quienes se encuentran en ese pabellón sean trasladados a un sector que cuente con camas individuales, luz natural, ventilación y sanitarios adecuados.

La resolución establece además que el Ministerio de Seguridad y Justicia deberá entregar de inmediato camas, colchones y sábanas para los 73 detenidos alojados actualmente. La población había llegado a 76 personas el viernes 4 de septiembre, mientras que la Alcaidía cuenta con 39 camas o tarimas de cemento habilitadas.

Pascual advirtió que, si no se cumple con esta medida, podrá disponerse la clausura total de la Alcaidía. También ordenó reparar las redes sanitarias, desobstruir las cloacas, realizar tareas de desinfección y garantizar el suministro de agua potable durante toda la noche.

Otro de los aspectos centrales de la resolución es la presencia de personas con condenas firmes en una dependencia policial. Según los datos incorporados al expediente, 47 de los detenidos tienen sentencia firme.

La Defensa planteó que esas personas deberían cumplir sus penas en establecimientos destinados específicamente a la ejecución penal. El juez hizo lugar al planteo y ordenó al Ministerio de Seguridad y Justicia elaborar, en un plazo de 30 días, un plan de separación por categorías y disponer el traslado de los 47 condenados a establecimientos adecuados.

Pascual también se refirió a las obras de ampliación y refacción de la Alcaidía, licitadas por el Gobierno provincial en 2024. El proyecto contemplaba un plazo de ejecución de 180 días, pero el expediente no acredita que las obras hayan sido concluidas y habilitadas, pese a que el plazo se encuentra vencido.

Si las obras están terminadas y las condiciones edilicias lo permiten, el juez ordenó que las nuevas instalaciones sean utilizadas para realojar a personas condenadas.

En los fundamentos, Pascual recordó que el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que las cárceles deben ser sanas y limpias y remarcó que el Estado debe garantizar condiciones dignas de alojamiento aun cuando una persona se encuentre cumpliendo una condena.

La resolución se suma a los cuestionamientos de la Defensa Pública sobre el uso prolongado de comisarías y dependencias policiales para alojar personas privadas de la libertad. Según había señalado la defensora Soledad Forte, en General Pico hay alrededor de 263 personas privadas de la libertad, mientras que la capacidad disponible representa menos de la mitad.  fuente y foto:  La Reforma