Luego de la aprobación en el Senado, el oficialismo aceleró en la Cámara de Diputados y este miércoles dará el puntapié inicial en un plenario de comisiones con la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa de suma relevancia para los planes del Gobierno de captar inversiones millonarias en megaminería e hidrocarburos, y que despierta preocupación en las organizaciones ambientalistas.
Si bien la meta del Gobierno es que la reforma sea ley antes de fin de mes, la discusión no se va a agotar este mismo miércoles con la firma del dictamen.
La idea que flota en los pasillos de la Casa Rosada, y que los operadores del Congreso manejan con sigilo en la Cámara baja, es que el presidente Javier Milei y la comitiva que lo acompañará al “Argentina Week 2026” -evento que tendrá lugar en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo- puedan mostrar la media sanción del Senado como un imán para atraer la atención de inversores internacionales que deseen apostar por extraer las riquezas del suelo argentino.
El 26 de febrero pasado, el Senado aprobó la reforma a la Ley de Glaciares con 40 votos afirmativos, en tanto que recibió 31 rechazos, incluidos dos votos del bloque peronista: los ex gobernadores de San Juan Sergio Uñac y de Catamarca, Lucía Corpacci.
La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.
Puntos clave
El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.
Los bloques de la oposición dura y organizaciones ambientalistas rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos que son vitales para el consumo humano, para la biodiversidad y para el equilibrio climático.
Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.
La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.
Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente. fuente: Diario Popular