De acuerdo a lo adelantado por la fiscala Micaela Sucurro, son dos las personas presuntamente involucradas en la red de pornografía infantil. Fueron imputadas, pero no están detenidas. Se compartieron cerca de 300 videos y si se comprueban los delitos, podrían tener penas de prisión de 3 a 6 años.

La fiscala Micaela Sucurro, el Jefe División Análisis de las Telecomunicaciones, Comisario Inspector, Temístocles Torreani, la Jefa Área Trata de Personas y la Comisario María Belén Perez Fassi, brindaron precisiones sobre el operativo contra la pornografía infantil, en la que hay involucradas dos personas de Santa Rosa.

Según indicó en el contacto con los medios de comunicación, el operativo desarrollado en Santa Rosa  formó parte de otros realizados en el país y a nivel internacional. En nuestra ciudad, fueron imputadas dos personas, padre e hijo, a quienes se les secuestraron una serie de dispositivos electrónicos, que serán peritados.

Según explicó la fiscala, de comprobarse los delitos, podrían tener una pena de 3 a 6 años de prisión. El adulto mayor es jubilado y su hijo, empleado del Poder Judicial. Los materiales de pornografía infantil se compartieron entre noviembre de 2017 y marzo de 2022. Ahora la justicia deberá determinar cuál es la responsabilidad del o los imputados y si además de descargar material de explotación sexual infantil, lo compartieron con otros usuarios.

“Este operativo se inició en el Departamento de Seguridad de Estados Unidos y de Brasil, que detectan todo el material de explotación sexual infantil que hay en las redes. En este caso se detectó a través de la red peer to peer, con tráfico de material de explotación sexual infantil. Lo que se detectan son las direcciones IP, de localización y en qué territorio están las conexiones desde que se compartía este material”, explicó.

“Entonces detectaron varios países de América, varias provincias en Argentina y en La Pampa, un caso en particular, a través de estas direcciones IP y que son utilizadas por el programa Emule, que permite la descarga de archivos. En ese programa, un usuario compartió 300 videos de material de explotación sexual infantil y en bases a esas direcciones ip de conexión, desde donde el usuario operaba y traficaba estos datos, se pudo identificar un domicilio en Santa Rosa”, señaló Sucurro.

“El operativo se inició cuando yo estaba de guardia y se iniciaron las tareas de investigación, ordenadas por la Fiscalía, con la colaboración del comisario Torreani, de la comisaria María Belén Perez Fassi, jefa del área de Trata y en base a esto, identificamos un domicilio, donde estaban las conexiones IP de la cooperativa. Se iniciaron tareas de investigación y se determinó que en el lugar vivía más de una persona”, dijo.

“Una de ellas fue a declarar hoy y la restante declarará el lunes o martes. Una vez que se les impute el derecho, se solicitará al juez la pericia de todos los dispositivos encontrados y esto nos permitirá si son las dos personas o una que tienen injerencia o participación en los hechos que estamos investigando”, añadió.

“Estas personas no están detenidas, sí en calidad de imputados, por el hecho que se encuadra en el artículo 128 del código penal, que tiene que ver con la divulgación, el facilitamiento de material y contenido de explotación sexual infantil. En este artículo, se indica que la pena puede ser de 3 a 6 años de prisión, si se puede acreditar que esta persona divulgó, ofreció, compartió todo lo que hace a este tráfico. En el caso de la tenencia de este material, tiene un pena menor”, dijo Sucurro.

“Y a su vez, esta pena de 3 a 6 años puede ser agravada, ya que son niños, niñas y adolescentes afectados en su integridad sexual, si bien todavía no sabemos que haya un delito de víctimas en La Pampa”, agregó.

La fiscala explicó que en la red peer to peer, al descargarse el programa, se crea un usuario. “A la vez que eso se descarga, uno está en conocimiento cómo funciona: yo descargo archivos que están en las computadoras de otras personas y a su vez, yo sé que lo que descargo y quede en mi dispositivo, otras personas también acceden”.

En este sentido, el Comisario Inspector, Temístocles Torreani, indicó que “los programas, para poder funcionar, tienen la particularidad de que uno descarga y a la vez tienen que compartir. Hay varios usuarios que comparten un mismo archivo, para que otra persona lo pueda descargar”.

Consultado sobre si las personas imputadas, tenían material de explotación sexual infantil para compartir, Torreani dijo que “las pericias van a determinar si la persona solamente compartió o descargó”.

En referencia a los allanamientos, Micaela Sucurro precisó que“el IP de conexión a Internet fue establecido en un domicilio en particular. Era un domicilio familiar donde aparentemente en la misma propiedad hay un departamento. Concretamente, son padre e hijo quienes serán citados a declarar y a su vez, el hijo, frecuentaba otro domicilio, por estar en pareja y eso hizo allanar un tercer domicilio, para secuestrar todos los dispositivos”.

En cuanto a las edades, el padre tiene alrededor de 70 años y el hijo, entre 35 y 40 años. “El hijo fue citado a declarar hoy y el padre, lunes o martes”, dijo Sucurro.

Los allanamientos se realizaron ayer a las 6 de la mañana. “Teniendo en cuenta que era una investigación internacional y teniendo la particularidad que estas personas estaban en una red, por los programas que utilizan, desde la Fiscalía se solicitó al juez que habilite el horario, que era fuera del horario diurno, ya que eran operativos en simultáneo con otras provincias y los tres domicilios que allanamos en Santa Rosa”.

“En el caso de los imputados, el titular de la conexión de Internet es el padre y él es el hijo. Ahora es materia de investigación, si padre o hijo o los dos utilizaban ese usario”, dijo Sucurro.

“Una vez que tengamos las pericias en los dispositivos electrónicos, vamos a determinar si era el padre o el hijo, o los dos, los autores del hecho. Ninguna de las dos personas tienen antecedentes. El padre está jubilado y el hijo es un empleado del Poder Judicial. Ya se enviaron las comunicaciones pertinentes a quien corresponda”, dijo la fiscala.

Sucurro dijo que los archivos fueron descargados entre noviembre de 2017 y marzo de 2022. “Desconocemos si puede haber algo con posterioridad, pero es la fecha que coincide del cierre de la información que llegó desde Estados Unidos y Brasil”.

“Esto fue detectado en Brasil y en Argentina había 79 usuarios desde Emule, que estaban manejando esos archivos, compartiendo. Esos son los datos que hay”, cerró Micaela Sucurro. (fuente y foto: Plan B )