Mientras sigue la causa por la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, la exprimera dama Fabiola Yañez y el expresidente tendrán el miércoles una segunda audiencia de mediación de manera virtual. Será en la demanda por la cuota alimentaria que Yañez promueve para el hijo de ambos, Francisco, y sobre la que rige una medida cautelar que dispone que se abone el 30% de la jubilación de privilegio del ex mandatario.
En la audiencia, la abogada Mariana Gallego, que representa a la exprimera dama, insistirá en pedir un monto mayor que abarque el costo del alquiler del departamento en el que Yañez vive en Madrid, la cuota escolar, la cobertura de la prepaga médica y otros gastos que superarían ese porcentaje. La cifra estaría por encima de los 1.000 euros.
Las partes ya se habían reunido de manera virtual en una primera audiencia, que se hizo el 2 de octubre último, pero no se pusieron de acuerdo. Según trascendió, Yañez estaría dispuesta a mudarse a una vivienda más económica en la capital española para ajustar los gastos al presupuesto del exmandatario.
Después de finalizar su mandato en diciembre pasado, Fernández comenzó a percibir una jubilación de privilegio bruta de más de 14 millones de pesos, lo que en mano equivale a unos $10.000.000. Y a través de una resolución emitida por Anses, se le otorgó un retroactivo que asciende a más de 32 millones de pesos.
Causa por violencia de género: por qué Yañez aún no entregó su celular
La demanda por la cuota alimentaria se tramita en el fuero civil de manera separada a la que se le sigue a Fernández en los tribunales federales de Retiro por supuesta violencia de género tras la denuncia de la exprimera dama. En esa causa penal, el fiscal federal Ramiro González citó para el jueves próximo como testigo a Sofía Pacchi, examiga de Yañez.
Asimismo, se tramita en el despacho del juez Julián Ercolini un planteo de recusación al fiscal presentado por la defensa del ex presidente.
Yañez, vale recordar, debía entregar la semana pasada su teléfono celular a una fiscal española para proceder a un peritaje de extracción de datos. Sin embargo, no cumplió con esta citación y luego envió una nota manuscrita a la fiscalía, en la que pidió garantías de que sólo se usarían los mensajes intercambiados con el ex presidente.
La fiscalía le hizo saber que el trámite de exhorto con España estaba ya cerrado por su incomparecencia y que esa garantía ya le había sido proporcionada en el mismo texto de la rogatoria internacional.
En cuanto a la recusación del fiscal, Ercolini debe dar vista a las partes para que se expidan y luego convocar a una audiencia antes de decidir si lo aparta del caso o lo confirma. (fuente: Diario Popular)
