El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa advirtió que “una relativa normalización de los gastos de funcionamiento nos permitiría garantizar la calefacción y energía eléctrica para mantener abiertos los edificios, pero sin presencia de docentes y no docentes, el dictado de clases y el funcionamiento de las universidades están en riesgo”.
Ayer inició el segundo cuatrimestre en las facultades pampeanas y desde los centros de estudiantes dispararon el alerta sobre la posibilidad de un serio conflicto por el atraso salarial de sus docentes y trabajadores. “Por ahora seguirán las clases, pero la situación está muy complicada, porque el frente gremial está evaluando convocar a un paro la semana que viene y no sabemos cómo evolucionará ese conflicto”, indicó Agostina Béccar, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas (Cefchu).
“Los docentes y no docentes necesitan una recomposición salarial urgente porque siguen cobrando por debajo de la linea de pobreza, y están evaluando iniciar medidas de fuerza desde la semana que viene”. Y lamentó que “el gobierno generó una idea de que todo está mejor porque actualizó los gastos de funcionamiento, que solo representan el 10% del presupuesto universitario” mientras el personal de las universidades “padece una pérdida salarial que ya alcanzó al 56 por ciento”, agregó.
En este contexto “los gremios y la comunidad universitaria estamos analizando convocar para septiembre a una movilización como la del pasado 23 de abril, porque sin personal docente y no docente, las clases no podrían continuar”. Béccar concluyó que “es evidente que a este gobierno no le interesa la educación, porque los aumentos salariales son insignificantes y la sociedad debe tomar conciencia de que sin sueldos dignos no puede haber universidad pública”.
El 30 de agosto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) celebrará su Plenario en Santa Rosa. “Allí evaluaremos la grave situación que atravesamos. El gran problema es que se profundiza cada vez más el atraso salarial de docente y no docentes, y tampoco se resolvieron las principales problemáticas planteadas a partir de la nueva gestión nacional”, dijo Alpa.
Consultado desde esta redacción, el rector comentó que el vienes convocó a “una reunión de la Comisión de Emergencia de la Educación Pública, un espacio integrado por el Rectorado, los decanos, los sindicatos de docentes y no docentes y los estudiantes” de la UNLPam. En ese ámbito evaluaron “las informaciones falsas difundidas desde el gobierno nacional” y apoyadas por Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, “sobre una normalización de la situación en las universidades”.
Alpa recordó que durante aquella gran movilización del 23 de abril “se establecieron cinco puntos principales, uno de los cuales eran los gastos de funcionamiento, que finalmente el gobierno actualizó en un 270 por ciento, que era el nivel de inflación alcanzado hasta marzo”. Sin embargo, no hubo solución ni propuesta de avance en ninguno de los otros cuatro puntos importantes: “la falta de actualización salarial, el atraso de las becas, el desfinanciamiento de Ciencia y Técnica y las obras”, enumeró Alpa.
Y advirtió que “si bien salimos de la dramática situación de crisis total planteada a principio de año, ese famoso 270% ya se quedó corto y todavía falta saber cómo seguirá la inflación hasta fin de año”. De todos modos “aunque tengamos luz y gas para funcionar, sin docentes ni personal, las clases están en riesgo”, reconoció.
Por eso, “si el frente sindical y los centros de estudiantes deciden organizar una nueva movilización nacional, en la reunión del CIN los rectores evaluaremos acompañarlos”, concluyó.
El derrumbe del presupuesto se profundizó en junio, ya que las universidades «perdieron incluso más en relación a la inflación», a raíz de que «en esos 30 días, recibieron poco más de $364.800 millones, solo un 106,3% sobre junio de 2023, frente a una inflación de junio a junio de 271,5%, lo que constituye un atraso de 165,2 puntos por detrás de ese índice», según un informe del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de la Conadu.
El informe recordó que «como ocurre en otras áreas del Estado, las universidades poseen el presupuesto prorrogado de 2023, que solo se incrementó en un 1,6% los primeros seis meses», advirtiendo que «esa escasez hizo que el nivel de ejecución sea casi completo, lo que augura que será imposible afrontar las necesidades de las universidades en lo que queda del año». (fuente: La Arena)
