Los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa condenaron este miércoles a cinco años de cárcel al ex intendente, y actual concejal de 25 de Mayo, David Bravo, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. También los letrados sentenciaron a 5 años de prisión a la dueña del prostíbulo, Nurys Carballo Castillo y absolvieron al comisario Miguel Ángel Oyarse.
Fuentes judiciales indicaron al diario La Arena que «Bravo fue condenado como partícipe necesario del delito de trata de personas, en la modalidad del acogimiento de mujeres mayores de 18 años, mediando abuso de una situación de vulnerabilidad, con la finalidad de explotación sexual, mediante el facilitamiento y la obtención de provecho económico de su comercio sexual agravado por haberse cometido en perjuicio de más de tres víctimas a la pena de cinco años de prisión, accesoria legales y costas por los hechos ocurridos entre el 16 de diciembre de 2011 y el 6 de octubre de 2012 en 25 de Mayo». También fue encontrado culpable del delito de sostenimiento de una casa de tolerancia y lo declaró prescripto el delito de incumplimiento de funcionario público.
Por otra parte, las mismas fuentes indicaron que Caraballo fue encontrada culpable de delito de trata de personas y el comisario Oyarse, que llegó acusado del delito de encubrimiento de los delitos fue absuelto.
Por su parte, el 24 se darán a conocer los fundamentos de la sentencia.
La última audiencia de este martes fue abierta por la fiscal Iara Silvestre, quien replicó los alegatos de las defensas de los tres acusados. Luego replicaron el abogado Juan Carlos de la Vega, quien representó a Caraballo y el abogado Gastón Gómez, defensor de Bravo. La abogada Laura Armagno, quien patrocinó al ex comisario Miguel Angel Oyarce, se abstuvo. Finalmente tuvieron la oportunidad de dar su último testimonio los acusados, aunque el tercer implicado, Oyarce desistió de hacerlo.
Silvestre ratificó todas y cada una de las partes de su acusación contra los tres imputados. En su exposición desestimó los pedidos de nulidad y prescripción planteados por De la Vega, Armagno y Gómez, y pidió al Tribunal que los rechace.
Por su parte, De la Vega insistió en su pedido de nulidad alegando una vez más que el primer allanamiento es irregular y la documental obtenida a partir de ese acto califica como nula. También se quejó que tal situación afecta «el debido proceso».
«Veo que el MPF hizo un esfuerzo denodado de ubicarme en el lugar al que nunca fui y no conozco», disparó Bravo dirigiéndose a la fiscal Silvestre.
Enseguida, abordó su responsabilidad por las habilitaciones. «En el municipio hay un manual de funciones, y así fue que mis funcionarios armaron el expediente, como hacen acá en Santa Rosa o en cualquier pueblo, y yo solo lo firmé como firmé muchísimas habilitaciones», esgrimió.
También desestimó responsabilidad en el incumplimiento de sus deberes. «Yo no sabía nada de lo que pasaba ahí, nunca estuve. A mí nadie vino y me dijo: ‘intendente, ahí pasa esto'», expresó.
«Ahora, yo les pregunto ¿y los concejales?, por qué no están sentados en el mismo banquillo los que estaban entonces. Ellos sabían que había trata y prostitución porque lo argumentaron en la ordenanza, y no hicieron las denuncias. ¿Por qué estoy yo solo?», cuestionó.
Pero Bravo fue más allá, sugirió intereses políticos. «Puede ser que acá haya un hecho político de fondo, ocurre que me volví a presentar como candidato a intendente y saben que voy a ganar las elecciones, y con esto me dañan», sostuvo.
«Hace diez años que espero este juicio, que es una locura. No sé si la política se metió o no, pero me extraña la atención que puso el MPF», cerró. (fuente: La Arena)
