El órgano analizó la «Lista Amarilla» que presentó Iturrioz y advirtió en los considerandos que la documentación se encuentra viciada «por falsificación de las firmas de los avalistas». La Junta detectó que «tres avalistas de la Lista Amarilla se presentaban avalando la Lista Roja y Blanca», e incluso eran candidatos de este espacio aunque «en otra categorías de cargos». Además, las tres firmas «eran diferentes, tanto caligráfica como simbólicamente».
Se trata de Josefina Hernández, Carlos Vallejo y Oscar Reale, quienes fueron convocados por la Junta y, al observar las pruebas, afirmaron que eran falsas. «Los tres afiliados involucrados notificaron haber elevado denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de la 1º Circunscripción Judicial de La Pampa por presunta falsificación», añadió el órgano en la resolución.
La Junta detectó otras irregularidades, como una afiliada que aparece «en dos oportunidades en la misma hoja, pero llamativamente con una firma que es diferente», o el aval de una persona que hace cinco años reside en Bolivia. «Conforme a la prueba descripta, se ha comprobado fehacientemente la existencia de al menos 31 firmas falsificadas o adulteradas dentro de la documentación de avales de la lista mencionada», remarcó la Junta.
«Los plazos electorales que rigen el procedimiento impiden a esta Junta efectuar un análisis individualizado de cada uno de los avalistas para comprobar la veracidad o no de su voluntad de avalar. Pero la abundancia de la prueba y la gravedad de los actos fraudulentos que se han ventilado, abonan el convencimiento de que no se trata de hechos aislados, sino más bien de una maniobra sistemática y premeditada para sustentar una Lista con avales falsos, violentando la voluntad individual de los afiliados que han sido ‘utilizados’ sin saberlo para el ardid, pretendiendo con ello engañar a esta Junta, a las instituciones del partido y finalmente al conjunto de los afiliados», amplió.
Tras remarcar que la presentación de avales con firmas falsificadas implica «la comisión de un presunto delito y constituye un acto de fraude a la ley electoral y a la fe pública partidaria, viciando de nulidad absoluta la presentación», la Junta tomó la decisión de «declarar la nulidad de la presentación de la lista de candidatos denominada ‘Lista Amarilla’ encabezada por el afiliado Alexis Iturrioz». Consecuentemente, no fue oficializada.
Por otro lado, reiteró que «la no oficialización se fundamenta en la grave transgresión a los principios de Buena Fe y Probidad Ética Electoral, al haber comprobado la existencia y presentación de avales con firmas falsificadas, acto que configura un fraude y un presunto delito, demostrando la falta de idoneidad ética para dirigir el partido».
Finalmente, la Junta ordenó «la remisión de los antecedentes probatorios y poner toda la documentación a disposición de los órganos partidarios competentes y los órganos competentes de la Justicia ordinaria para que se investigue la posible comisión de faltas de conducta y delitos, respectivamente».La Junta Electoral de la UCR pampeana declaró nula la lista que presentó Alexis Iturrioz para las elecciones de autoridades del Comité Provincia y advirtió por al menos 31 firmas falsificadas, por lo que se presentaron denuncias ante la Justicia. De esta manera, se evita la interna y Martín Berhongaray presidirá el partido.
El órgano analizó la «Lista Amarilla» que presentó Iturrioz y advirtió en los considerandos que la documentación se encuentra viciada «por falsificación de las firmas de los avalistas». La Junta detectó que «tres avalistas de la Lista Amarilla se presentaban avalando la Lista Roja y Blanca», e incluso eran candidatos de este espacio aunque «en otra categorías de cargos». Además, las tres firmas «eran diferentes, tanto caligráfica como simbólicamente».
Se trata de Josefina Hernández, Carlos Vallejo y Oscar Reale, quienes fueron convocados por la Junta y, al observar las pruebas, afirmaron que eran falsas. «Los tres afiliados involucrados notificaron haber elevado denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de la 1º Circunscripción Judicial de La Pampa por presunta falsificación», añadió el órgano en la resolución. Fuente: La Arena
La Junta detectó otras irregularidades, como una afiliada que aparece «en dos oportunidades en la misma hoja, pero llamativamente con una firma que es diferente», o el aval de una persona que hace cinco años reside en Bolivia. «Conforme a la prueba descripta, se ha comprobado fehacientemente la existencia de al menos 31 firmas falsificadas o adulteradas dentro de la documentación de avales de la lista mencionada», remarcó la Junta.
«Los plazos electorales que rigen el procedimiento impiden a esta Junta efectuar un análisis individualizado de cada uno de los avalistas para comprobar la veracidad o no de su voluntad de avalar. Pero la abundancia de la prueba y la gravedad de los actos fraudulentos que se han ventilado, abonan el convencimiento de que no se trata de hechos aislados, sino más bien de una maniobra sistemática y premeditada para sustentar una Lista con avales falsos, violentando la voluntad individual de los afiliados que han sido ‘utilizados’ sin saberlo para el ardid, pretendiendo con ello engañar a esta Junta, a las instituciones del partido y finalmente al conjunto de los afiliados», amplió.
Nulidad.
Tras remarcar que la presentación de avales con firmas falsificadas implica «la comisión de un presunto delito y constituye un acto de fraude a la ley electoral y a la fe pública partidaria, viciando de nulidad absoluta la presentación», la Junta tomó la decisión de «declarar la nulidad de la presentación de la lista de candidatos denominada ‘Lista Amarilla’ encabezada por el afiliado Alexis Iturrioz». Consecuentemente, no fue oficializada.
Por otro lado, reiteró que «la no oficialización se fundamenta en la grave transgresión a los principios de Buena Fe y Probidad Ética Electoral, al haber comprobado la existencia y presentación de avales con firmas falsificadas, acto que configura un fraude y un presunto delito, demostrando la falta de idoneidad ética para dirigir el partido».
Finalmente, la Junta ordenó «la remisión de los antecedentes probatorios y poner toda la documentación a disposición de los órganos partidarios competentes y los órganos competentes de la Justicia ordinaria para que se investigue la posible comisión de faltas de conducta y delitos, respectivamente».
