Este jueves, en una nueva sesión ordinaria, fue aprobada por unanimidad la ley por la que se autoriza la promoción automática de los agentes dependientes de la Administración Pública Provincial de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En el marco del debate por la ley de recategorizaciones de los agentes públicos —aprobada de manera unánime—, la diputada Patricia George detalló los fundamentos de la iniciativa del Poder Ejecutivo: “Este acuerdo implica que cada trabajador estatal tendrá una categoría cada tres años de antigüedad, y cada cuatro en el caso de la rama profesional de salud”, explicó George.
La diputada subrayó que la ley es fruto del trabajo conjunto entre representantes gremiales y el Ejecutivo, en el marco de la paritaria general, y que no debe ser modificada: “Es un acuerdo paritario, y cualquier cambio rompería ese consenso”, advirtió.
«La medida tendrá un impacto económico estimado del 1 % de la masa salarial, es decir, 560 millones de pesos mensuales y 7.280 millones anuales, mejorando también el cálculo de haberes jubilatorios para quienes estén próximos al retiro», indicó la legisladora.
Por último, George remarcó que el proyecto también invita a los municipios y comisiones de fomento a adherirse, ampliando así su alcance y garantizando una carrera administrativa justa y equitativa para todos los agentes públicos.
La diputada Andrea Valderrama expresó su respaldo al proyecto, señalando la urgencia de esta medida y la necesidad de garantizar una carrera administrativa justa para el personal público.
“Vamos a acompañar porque creemos que corresponde darle a los empleados públicos sus derechos, la posibilidad de acceder a una carrera y de lograr sus ascensos”, afirmó Valderrama durante su intervención en el recinto.
Sin embargo, la diputada también expresó su disconformidad con el proceso de tratamiento legislativo del proyecto. “Solicitamos, al igual que otros bloques, que se tratara con la presencia del ministro, para conocer cuestiones económicas importantes vinculadas a la iniciativa”, indicó, lamentando que solo se recibieran respuestas por escrito y “desde la informalidad, sin una nota firmada por el ministro”.
Pese a estas observaciones, Valderrama remarcó la urgencia de la situación: “Entendemos que para los empleados esta recategorización es impostergable”.
La diputada Laura Trapaglia expresó el acompañamiento de su bloque, aunque criticó fuertemente la forma en que se dio el debate parlamentario. “Nos hubiese gustado que estuviera presente el ministro de hacienda para responder inquietudes que compartimos muchos diputados de la oposición, especialmente sobre el impacto presupuestario y la elección de la fecha de corte para aplicar la recategorización”, dijo.
Pese a las críticas al proceso, Trapaglia ratificó el voto favorable del bloque, remarcando que “es importante dejar clara nuestra postura en el recinto” y que “la recategorización es una deuda pendiente con los trabajadores estatales”.
Seguidamente, César Montes de Oca brindó una intervención centrada en el valor histórico y jurídico del diálogo paritario, y en la legitimidad exclusiva de los actores involucrados en la negociación laboral. “Nadie se puede arrogar meterse en las discusiones profesionales entre trabajadores y el representante del Poder Ejecutivo”, afirmó Montes de Oca.
El legislador también trazó un recorrido histórico: “La Ley 643 nace en los albores de los años 70, en el primer gobierno constitucional de esa década, cuando se discutían condiciones de trabajo directamente con los trabajadores de la provincia. Luego vinieron otras leyes con estructuras similares”.
Por otro lado, la diputada Sandra Fonseca expresó su respaldo a la iniciativa, aunque lanzó duras críticas al proceso legislativo y a la exclusión de ciertos sectores estatales (fuerzas de seguridad) en la discusión. (fuente: La Arena)
