El juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, absolvió el lunes que pasó a la diputada provincial Laura Trapaglia y al diputado Enrique Juan, en una investigación que la Justicia Electoral llevó adelante por irregularidades en los balances contables del partido PRO – Propuesta Republicana, del cual Juan era presidente y Trapaglia tesorera en 2022. Les adjudicaron un incumplimiento de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
La investigación la llevó adelante la fiscal federal Iara Silvestre, quien a diferencia de lo actuado en otros casos -el Mofepa, el Partido Socialista y el propio PRO, en la persona de Martín Ardohain-, no pidió la absolución de los acusados, pues no se mostró conforme con los argumentos del abogado de los legisladores. Por esa razón, en el Juzgado Federal local, con competencia en el fuero electoral, no descartaron que la fiscal pueda apelar el fallo del juez y que todo termine en una decisión de la Cámara Nacional Electoral.
Las actuaciones contra Juan y Trapaglia iniciaron en virtud de haberse desaprobado el informe del estado contable anual del ejercicio 2022 del Pro-Propuesta Republicana. Ya en manos de la fiscalía, se decidió suplir la audiencia de descargo prevista por ley por los escritos presentados por el presidente y la tesorera del PRO.
Luego de analizar las presentaciones, Silvestre decidió elevar el caso a juicio por considerar que los imputados no pudieron acreditar en tiempo y forma el origen y destino de los fondos recibidos con motivo del ejercicio contable 2022, lo que le significó a la agrupación Pro-Propuesta Republicana la sanción de pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo otro recurso de financiamiento público estatal por un año.
En la audiencia de juicio, los acusados aportaron más pruebas documentales, pero no lograron convencer a la fiscal Silvestre, quien mantuvo la acusación y solicitó la imposición de la sanción de seis meses de inhabilitación para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegidos en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades partidarias y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios tanto a Juan como a Trapaglia.
Silvestre argumentó que no se acreditó la trazabilidad de los fondos privados recibidos ya que, de algunos de los comprobantes de las transferencias recibidas (…) no surge la identificación de la persona que realizó el aporte (por ejemplo, uno de $ 7.000 adjudicados a Enrique Juan); asimismo, aparecen transferencias recibidas de aportantes que no fueron declarados (Martín Maquieyra) y de personas que aportaron dos veces pero cuyo aporte fue declarado en el informe una sola vez (Trapaglia). (fuente: La Arena)
