La UCR pampeana, por medio de un comunicado de prensa, salió a rechazar la posibilidad de que el juez Ariel Lijo sea promovido a ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. «La nominación del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto representaría un ataque directo a los principios republicanos y democráticos que sustentan nuestra Constitución”.
«Desde la Unión Cívica Radical de La Pampa manifestamos nuestra profunda preocupación y categórico rechazo no solo a esta candidatura, que no solo carece de idoneidad y probidad, sino que además se encuentra teñida de maniobras políticas que amenazarían con socavar gravemente la independencia judicial y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones»,afirmaron.
«Este juez, que ostenta un historial de 32 denuncias por mal desempeño y un ejercicio alarmantemente deficiente en causas de corrupción, parece haberse convertido en una ficha de negociación que beneficia a intereses particulares, especialmente a los de Cristina Fernández de Kirchner. Resulta inquietante que, en una eventual deliberación de la Corte Suprema, la expresidenta quedaría en una posición favorable, particularmente en la causa en la que ya ha sido considerada penalmente responsable por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, tanto en primera como en segunda instancia. El acceso de Lijo al máximo tribunal podría consolidar una arquitectura judicial diseñada para garantizar impunidad, destruyendo así la noción misma de justicia independiente», agregaron.
Para la UCR de La Pampa, la posibilidad de designar a jueces de la Corte Suprema mediante decreto constituye una afrenta al sistema republicano y a la división de poderes.
«Esta vía no solo refleja el desprecio por el debate en el Senado, sino que abre la puerta a un conflicto institucional sin precedentes. La amenaza de un juicio político al presidente de la Corte Suprema si este se negara a tomar juramento a magistrados designados por decreto es un acto de coacción inadmisible en un sistema republicano. Nuestra Constitución no puede ser violentada al servicio de acuerdos espurios. La independencia de los poderes es el pilar de nuestra democracia, y cualquier intento de erosionarla debe ser denunciado con firmeza y enfrentado con la fuerza de la ley y la voluntad popular», sostuvieron.
Para los militantes radicales, Lijo ha demostrado, a lo largo de su carrera, una alarmante falta de compromiso con los valores que deben caracterizar a un juez del máximo tribunal del país.
«Entre los puntos más críticos de su trayectoria destacan las demoras sistemáticas en causas de corrupción. De las 89 causas que ha manejado, 26 permanecen en instrucción desde hace más de una década. Este retraso no solo refleja ineficiencia, sino que alimenta sospechas de protección a figuras políticas involucradas. Baja efectividad en la elevación de causas a juicio oral. Solo 14 de las 89 causas de corrupción llegaron a esta instancia, un dato que subraya su falta de diligencia en la lucha contra este flagelo. Impunidad de altos funcionarios: En casos emblemáticos como Ciccone y Siemens, Lijo optó por procesar a empresarios e intermediarios, mientras que los responsables políticos quedaron al margen. Múltiples denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Con 32 denuncias acumuladas, Lijo es uno de los jueces más cuestionados del país, lo que pone en tela de juicio su imparcialidad y compromiso con la justicia. Designar a un juez con este historial no solo degrada la calidad institucional, sino que también envía un mensaje claro de que la impunidad puede ser negociada y premiada», sostuvieron.
«La integración de la Corte Suprema debe ser un proceso transparente y participativo, guiado por la búsqueda de excelencia y el respeto a los principios democráticos y republicanos. Sin embargo, la nominación de Ariel Lijo, sostenida por un posible acuerdo político entre el kirchnerismo y Milei, representa la consolidación de un modelo judicial al servicio de intereses personales y sectoriales. Desde la Unión Cívica Radical La Pampa llamamos a todas las fuerzas políticas, magistrados, organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados y ciudadanos comprometidos con la República a manifestar su más ferviente rechazo a esta maniobra. El futuro de nuestra justicia no puede quedar en manos de quienes buscan perpetuar la impunidad y erosionar los fundamentos de nuestro sistema de poder fundado en la Constitución Nacional de la República Argentina. Por una Corte Suprema independiente y al servicio de la justicia y la República», cerraron desde el radicalismo pampeano. (fuente: La Arena)
