El municipio capitalino arrancó a exigir desde este primer día de octubre la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) para todo el parque automotor. Una medida que ha despertado muchísima polémica, en especial con la oposición que llegó hasta juntar miles de firmas para que el intendente di Nápoli de marcha atrás, pero este se plantó y no se movió de su firme postura. Incluso los ediles que no son del PJ denunciaron supuestas irregularidades en la habilitación del taller que realiza la revisión.
El Departamento Ejecutivo envió, en 2023, un Proyecto de Ordenanza por el que pretendía adherir al Capítulo II de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 26.363. La Revisión Técnica Obligatoria está prevista en el Artículo 34 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y fue aprobada al final del primer mandato del Jefe Comunal con otra conformación del Concejo Deliberante.
En esta segunda gestión, los concejales de la oposición encabezaron las críticas no sólo a la decisión del Ejecutivo municipal sino también a la implementación de la medida.
El titular del bloque de la UCR, Diego Camargo, criticó que se impulse esta normativa en el contexto de profunda crisis económica que vive el país. «Esto va a generar mayores costos para el bolsillo de los santarroseños y sin entrar a discutir la cuestión de la seguridad vial, la realidad es que nos parece preocupante que en este momento se generen mayores gastos para las familias de la ciudad», dijo el edil radical en marzo pasado. «A su vez nos parece contradictorio empezar a tener esta exigencia con el estado deplorable que tienen muchas de las arterias principales y de muchos barrios en la ciudad de Santa Rosa», criticó.
Carmina Besga, secretaria de Gobierno del municipio santarroseño, le respondió a Camargo y ratificó la decisión de avanzar. Sobre el momento de crisis económica y social de la puesta en marcha de la RTO, la funcionaria municipal respondió que «la seguridad no puede analizarse en términos económicos. La seguridad, los siniestros y la vida no tienen un valor económico».
«En la tarea de tránsito nosotros iniciamos la gestión poniendo en marcha un plan progresivo en cuanto al control del tránsito y a la prevención de siniestros. En una primera etapa la tarea de la dirección se abocó hacia la prevención, la disuasión, el control y el hacer docencia básicamente en la cuestión del tránsito para luego pasar hacia una etapa sancionatoria, en donde el control del exceso de las velocidades, efectivización de alcohol cero, diferentes objetivos que se planificaron desde el inicio y que se fueron poniendo en marcha», dijo la alta funcionaria municipal y pareja del intendente.
«Uno de los objetivos era cumplir en general con la ley nacional de tránsito. La ley nacional de tránsito regula la cuestión de la VTV de manera obligatoria para todas las personas del país. Entonces, no es una cuestión caprichosa ni de legislación municipal. El municipio elaboró un plan de abordaje sobre la cuestión de tránsito en el que trabajaron las instituciones civiles. Entre ellas mucho trabajo con Estrellas Amarillas. Y había dos cuestiones y una era avanzar hacia cumplir con la ley nacional de tránsito y la otra es perfeccionar el tema de la incorporación de tecnología en todo lo que tiene que ver con la radarización, control de cámaras en los semáforos y distintos aspectos que hacen a ir incorporando elementos que den mayor certeza al vecino para constatar las infracciones», fundamentó.
En esa perspectiva inscribió la obligatoriedad de la RTO. «Que la ciudad no tiene infraestructura para poner en marcha la VTV, la verdad que no es un argumento que no se relaciona con la ley nacional de tránsito. En todo caso, lo que debería hacer la oposición es sugerirles a sus diputados nacionales que presenten un proyecto para derogar la VTV a nivel nacional. Es una regulación nacional. Nosotros de ahí no tenemos más que cumplir con la legalidad que impera en la ley nacional de tránsito», replicó a las críticas opositoras.
Talleres
Uno de los mayores cuestionamientos de la oposición es la falta de inscripción de uno de los talleres que otorgan la RTO en la ciudad de Santa Rosa en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Esta semana desde los bloques del PRO, la UCR y Comunidad Organizada se insistió en que «el taller sigue abierto sin estar registrado a nivel nacional, por lo que las verificaciones que realiza no tienen validez».
Del mismo modo, la oposición evaluó que «el Intendente dio de baja el convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dejando inoperativa la Ordenanza 6977. Con este panorama, el Municipio de Santa Rosa no puede exigir la RTO a quienes circulen por la ciudad».
Pero la pregunta que surge es: ¿Quién habilita los talleres para hacer la RTO?
La diferencia está situada entre «habilitación» y «registro». En toda la normativa se habla del registro luego de la habilitación. Según la ley 24449 y sus modificatorias la autoridad competente son las jurisdicciones para habilitar. Luego hay una disposición de la ANSV que crea un Registro.
El capítulo II de la citada ley con sus modificaciones dice que «son autoridades de aplicación y comprobación de las normas contenidas en esta ley los organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que determinen las respectivas jurisdicciones que adhieran a ésta».
En ningún caso la norma habla de la Agencia Nacional de Seguridad Vial como organismo habilitante de los talleres.
En todo caso, la ley le da la autoridad de aplicación a la Municipalidad de Santa Rosa. Por lo que no necesariamente un taller de RTO debiera estar registrado en la ANSV para que la oblea que otorga se valida a nivel nacional.
Pero el convenio que el intendente decidió dar de baja con la ANSV no afecta en nada la validez de la RTO. (fuente: El Diario de La Pampa)
