Adrián Pérez Habiaga, presidente de la Cámara de la Construcción de La Pampa, indicó que en el sector “cada semana que pasa es peor” y pidió a los diputados que aprueben con urgencia el proyecto de ley que declara la emergencia en la obra pública.
“Necesitamos el tratamiento del proyecto en forma urgente”, afirmó Pérez Habiaga en contacto con el diario La Arena.
Las empresas constructoras están reclamando con celeridad el tratamiento en la Legislatura del proyecto de ley que garantiza la continuidad con fondos del gobierno provincial de las obras abandonadas por el gobierno del libertario Javier Milei.
El desfinanciamiento de la obra pública nacional golpea al sector que permanece paralizado. Esto generó problemas económicos y financieros para las firmas pampeanas y una ola masiva de casi mil despidos, según el gremio de la Uocra.
El proyecto, enviado por Sergio Ziliotto, se debatió este martes en un plenario de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Asuntos Agrarios. Hubo tres dictámenes: uno del Frejupa y otros dos de la oposición.
Este jueves, habrá sesión ordinaria y en el oficialismo pretenden que la iniciativa sea tratada sobre tablas ante el pedido de la Cámara de la Construcción y del gremio de la Uocra, que también planteó el reclamo ante los diputados opositores.
Además de declarar la emergencia en la obra pública en la provincia, también se propone previa intimación al Estado nacional, la autorización al Ejecutivo pampeano a implementar acciones necesarias para garantizar la continuidad, finalización y financiación de las obras en ejecución de La Pampa, cuyo compromiso de asistencia por parte de la Nación no se cumplió. También la autorización a realizar ampliaciones o reducciones de contratos de obras vigentes, entre otras cuestiones.
En principio, en las obras complementarias con la Provincia, la deuda del Estado nacional llega a casi $4.000 millones, a lo que se suman otras que el gobierno central tiene acordadas directamente con las empresas constructoras como los programas Procrear y Casa Propia.
Entre ambos programas nacionales, en la provincia hay paralizadas 1.100 viviendas que estaban en ejecución hasta enero pasado. Ante la decisión de Nación de dejar de pagar los certificados de obras, las constructoras paralizaron los trabajadores y debieron despedir casi mil trabajadores y reclaman una deuda acumulada de $3.400 millones.
Con la reactivación de la obra pública en La Pampa, se podrían reincorporar a los trabajos entre 1.700 y 2.000 personas según indicaron desde la Cámara de la Construcción pampeana, que además advirtió por la crisis económica y financiera de las empresas locales.
Por la crisis, ya hay constructoras que cambiaron de rubro, otras más pequeñas que tuvieron que cerrar sus puertas y las que tiene mayor capacidad operativa mantienen cautela pero empiezan a sentir problemas financieros. (fuente: La Arena)
