Alberto Fernández inauguró el último período legislativo de su mandato presidencial, con un discurso en el que ensayó un balance con tono de despedida, denunció la “inhabilitación política” de la justicia a Cristina Kirchner y culminó con un fuerte ataque a la Corte Suprema, que envió como representantes a su presidente Horacio Rosatti y al antecesor Carlos Rosenkratz.

Escucharon como el jefe de Estado reivindicaba el juicio político en su contra y los acusaba de tomar por “asalto” el Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y sanciona jueces.

Se trató del primer encuentro en mucho tiempo entre Alberto y la vice, quien no pisaba un estrado desde el fallido atentado que sufrió el 1 de septiembre. Presidió su última sesión preparatoria, acompañada por la presidente provisional del Senado Claudia Ledesma y la titular de Diputados Cecilia Moreau. “Es la primera vez que somos todas mujeres”, celebró.

Alberto habló dos horas, intentó resaltar su figura y su gestión, cuestionar las críticas de opositores y medios de comunicación, acercar posiciones con la vicepresidenta y redoblar la apuesta contra la Corte.

“Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró en una cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la Ciudad más opulenta del país”, reclamó sobre el final de su discurso.

Fue un furcio: quiso decir que le quitaba a “los que menos tienen”, pero todos lo entendieron, tal es así que fue el único momento en que la oposición se levantó de sus bancas a abuchearlo y el oficialismo estalló en aplausos.

El más exaltado fue Fernando Iglesias, del PRO. Desde su banca de la primera fila se paró para insultar al presidente a pocos metros. “Es un honor que me insulte”, le respondió Alberto, mientras los legisladores de Evolución radical, liderados por Martín Lousteau, se iban del recinto en señal de protesta. Iglesias también se fue.

Rosenkratz y Rosatti seguían a las críticas a centímetros del presidente, un palco que comparten en cada apertura de sesiones con los ministros y secretarios de Estados. Sus pares Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti no quisieron ir.  Del otro lado del estrado se ubican los gobernadores y estuvo entre los invitados Horacio Rodríguez Larreta, pero no el bonaerense Axel Kicillof.

Alberto les enumeró a los jueces el resto de las causales del juicio político, como “la intromisión en la ejecución presupuestaria”, que surge de la necesidad de sumar partidas a la Ciudad. “Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce ‘cuestiones políticas no judiciables’ y pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal causando un severo daño al equilibrio de las cuentas públicas”.

El momento más tenso fue cuando el presidente señaló a Rosatti y Rosenkratz con el dedo índice, sin lograr que dieran vuelta la cara. “Esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la república”, los acusó. Fue el momento de mayor griterío.

El presidente denunció que el Poder Judicial “hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”.

Y se jactó de que en su mandato “el personal de inteligencia del Estado ya no se vincula con los jueces” y “los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia son públicos. No existen operadores que en nombre del gobierno compren voluntades judiciales”.

Alberto acusó a la Corte el fallo que le permitió controlar el consejo de la Magistratura, que casi no se reunió desde que volvió a ser presidido por la Corte. “Si la reforma judicial que envió hubiera prosperado y la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”.

“¡Mentiroso!”, le gritó Federico Angelini, del PRO, desde la primera fila. Es que los diputados santafesinos pidieron sin éxito que el Congreso trate una ley para sumar juzgados, porque no creen que el problema sea solo cubrir las vacantes de los que existen.

“Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso. Solamente tienen que ir y leer el artículo 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional”, terminó Alberto el capítulo judicial, el único que encendió a una oposición, que hasta ese momento había sido indiferente. Sólo regaló unos tibios aplausos cuando mencionó el conflicto con Malvinas y los 40 años de democracia. El liberal Javier Milei fue, pero se fue a mitad de la sesión.

Y hubo varias ironías. Cristian Ritondo, jefe del PRO, pidió arengar “Para Alberto, la reelección”, en señal de burla por su baja intención de voto. Y Graciela Ocaña lideró un aplauso de no más de una decena de diputados, cuando Alberto aludió a la condena de Cristina.

Si bien el presidente no usó la palabra “proscripción”, utilizada por el kirchnerismo para definir la situación judicial de Cristina, sí dijo que se simuló un juicio “en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política”. Casi lo mismo y suficiente para conseguir los aplausos del Frente de Todos. No el de Máximo Kirchner, que otra vez faltó.

Alberto también mencionó a Cristina al inicio de su discurso, cuando ensayó una crítica a quienes cuestionan su “moderación” y dijo haber sido quien estuvo al lado de la vice “cuando fue perseguida injustamente”. Un dato: ese renglón no aparecía en el texto distribuido con la totalidad de su presentación. Lo improvisó.

Sí leyó el pedido para que la justicia “actúe” en la investigación sobre el atentado a Cristina “con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados”.

La necesidad de destacar sus logros estuvo presente en cada párrafo y agregó un recurso que provocó gestos de fastidio entre los opositores: uno de los palcos estuvo reservado para ciudadanos que representaban políticas de Estado y saludaban a las cámaras cuando eran mencionados por el presidente.

Fueron reconocidos Guillermo Battolla, referente de una compañía argentina de biotecnología; María Parra Fuentes, beneficiaria de una vivienda y Gisela Segovia, una obrera de la construcción que hace su casa en el conurbano oeste.

La lista se completó con el científico del Conciet Gabriel Ravinovich (trabaja en un tratamiento clínico contra el cáncer), Alicia Borhem y Antonia Lidia Blanco, rectoras de la Universidad Nacional de Misiones y de Patagonia, para pedir que se vote la creación de universidades. Los proyectos que mencionó son para abrir casas de estudio en la provincia de Buenos Aires.

La última protagonista, casi antes de irse, fue “Belén”, quien había perdido su trabajo tras ser víctima de violencia de género y es asistente de electricista en la Cooperativa Auge “que busca resolver los problemas de instalaciones en las viviendas de sus vecinos”. La oposición no soportó el reiterado recurso. “¡Ahhhhhhhh!”, se escuchó.

Como parte de su auto reivindicación, que incluyó una crítica a los medios de comunicación (“Hemos soportado una sistemática acción de desinformación”, denunció), el presidente destacó que Argentina fue en 2022 uno de los países que más creció en el mundo este año podría completar el tercer año con aumento de la actividad, “algo que no sucedía desde el 2008”, recordó, con Cristina a su lado.

Luego desglosó el aumento de cada rubro, como automotriz, prendas de vestir, siderurgia, turismo, o la cosecha récord del campo. Y si bien dijo que no necesita del FMI para bajar el déficit fiscal, destacó haber cumplido la pauta de 2,4% de PIB impuesta por el organismo en el acuerdo.

“No podemos persistir con políticas que generan déficit en nuestras cuentas públicas. Porque, aunque no sea factible alcanzar ese objetivo de la noche a la mañana, el equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte”, señaló, en lo que puede ser entendido como una crítica implícita al kirchnerismo.

El presidente reconoció que la inflación “es un factor central de desorganización de nuestra economía”, pero la definió como “un problema estructural de la Argentina que se remonta a décadas”.

Y prometió abocarse a “reducirla sin generar incrementos en los niveles de pobreza o frenos en el proceso de crecimiento que venimos experimentando. No resulta una tarea sencilla. Quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarlo. Que quede claro”.

Alberto ponderó el rol de las empresas públicas (como Aysa, Arsat, Invap y Aerolíneas) y denunció un lobby para privatizarlas. “Que no vengan a hacer negocios con nuestro patrimonio los que invocan números con los que disfrazan su falta de interés”.

A diferencia de otros años, evitó anunciar proyectos de ley que luego no envía y no se tratan y sólo anunció un proyecto para aumentar el monto invertido en educación, además de reclamar por la de agroindustria y las universidades, “postergadas sin razón aparente”.

“Cuando el 10 de diciembre culmine este mandato que el pueblo me ha dado, podrán tener la certeza de que habrán tenido un presidente que le puso el pecho a cada problema que enfrentó. Que con aciertos y errores habrá puesto todo su esfuerzo en encontrar salidas en el laberinto en el que la historia nos encerró”, se despidió Alberto. (fuente: La Política Online)