La Legislatura pampeana aprobó este jueves la Ley de Seguridad Ciudadana, norma que reemplaza a la antigua de la dictadura, por la que aún se rigen las fuerzas de seguridad pampeanas. La diputada tiernista Sandra Fonseca, se expresó en contra y se fue al momento de la votación.

Aún con algunos cuestionamientos por parte de la oposición, la norma fue aprobada por la mayoría de los bloques. La única que se ausentó a la votación fue la legisladora de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca.

Dos artículos que fueron modificaciones de la UCR, se aprobaron por unanimidad, mientras que los libros 3, 4, 5 y 6 se rechazaron por parte de la oposición y tuvieron el visto bueno del oficialismo y con el acompañamiento del diputado Juan Brindesi del Movimiento Productivo Pampeano.

El legislador macrista Martín Ardohain pidió una moción para que se prorrogue el tratamiento con el fin de seguir analizando la iniciativa, pero fue rechazada. A continuación, el miembro informante del bloque oficialista, Julio González, dio detalles del proyecto.

“Es una ley superadora e integral, con enfoque en derechos humanos, género y respeto a las diversidades. Con esto se crea un sistema provincial de seguridad pública y ciudadana”, indicó el ex intendente de Eduardo Castex.

“Se busca proteger al policía con evaluaciones periódicas psicofísicas. Asimismo se avanza en el caso del personal que tenga consumo problemático de estupefacientes, para que la misma persona comunique voluntariamente su situación, y el sistema le dé respaldo, tratamiento y licencia”, contó.

“En línea general el proyecto abarca dos tipos de derechos. Los de la sociedad por afuera de la policía y los del personal policial. Queremos agradecer a la Colectiva por una Ley de Seguridad Ciudadana, que desde hace años trabajan en este tema”.

“Es un proyecto gestado en democracia, que se hace eco de todas las iniciativas hasta la fecha y supone un cambio de paradigma. Por eso requerirá una revisión periódica para adecuarse a los desafíos de los nuevos tiempos”, manifestó.

El radical Marcos Cuelle planteó algunas críticas. “Se pidió la moción no para poner palos en la rueda, sino para mejor el proyecto. Decíamos que era oportuno seguir trabajando para saldar aquellas cuestiones que no nos acercan, que nos hacen ruido”, dijo.

“Consideramos que no están garantizados los derechos de los trabajadores de seguridad”, aseveró el legislador de la UCR.

“No estamos de acuerdo, entre otras cosas, en que las dos personas que van a ocupar la oficina de monitoreo no sean elegidas por concurso y a través de un Tribunal”, dijo.

Sobre el servicio de adicional, señaló que “la propuesta que llevamos es que sea de 4 horas, porque el adicional es la forma para que junte un sueldo digno”. Además dijo que “no fue justo la decisión de no permitir que el personal policial no pueda realizar otra actividad fuera del horario de trabajo”.

Ardohain consideró que “la gente lo que quiere es seguridad” y dijo que el proyecto “sostiene que las personas lgbtq+ pueden ser alojadas según su género autopercibido. Todos sabemos que actualmente este artículo no podría aplicarse porque las dependencias no están adecuadas. Queremos mayor presupuesto para cumplir con el proyecto”, pidió y advirtió: “Con esta ley el poder absoluto lo detenta el Ejecutivo”.

Más adelante Juan Brindesi (MPP) consideró “oportuno el tratamiento de la ley el día de hoy, porque durante un año se analizó y pasaron todos los actores que componen el proyecto”. También dijo que “es una ley superadora, enfocado en los derechos humanos, violencia de género y defensa de la niñez”.

Sandra Fonseca de Comunidad Organizada manifestó: “Es un proyecto que tiene grandes problemas legales y constitucionales. Es un menoscabo grave a una de las instituciones fundamentales que es la policía. Estamos hablando de trabajadores públicos sometidos a exigencias y a riesgo de vida. En este proyecto de ley no tienen derechos humanos los trabajadores de la policía”, opinó.

Martín Balsa (FreJuPa) solicitó la palabra y señaló que “es una ley que aspira a que la policía sea cada vez más profesional, con perspectiva en DDHH”.

Francisco Torroba (UCR) dijo que “no es una ley hecha por especialistas ya que adolece de errores de técnica legislativa. Hay muchos temas que no se contemplan, tiene un exceso de discrecionalidad. Si se hubiera tomado más tiempo, se podría haber mejorado”.

El peronista Espartaco Marín advirtió que “si el argumento es de forma, en esta ley no aplica, ya que un año entero se estuvo debatiendo. Este proyecto y la ley de agroquímicos fueron los temas que más se discutieron”. (fuente: Plan B)