La salida gradual de las medidas de aislamiento generaron un aumento del delito y la criminalidad, con un aumento en la tasa de homicidios que en el ministerio advierten como “significativo”. En los próximos días, el presidente Alberto Fernández anunciará un plan de seguridad para el Gran Buenos Aires con envío de fondos, mientras continúa el despliegue de fuerzas federales en el conurbano.

En el ministerio de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic brindó a El Destape una larga entrevista en la que profundizó sobre las estrategias urgentes y estructurales para evitar una escalada de crímenes y violencia, y asegura que “más policías no es más seguridad”.

¿Cuál es el diagnóstico sobre la situación actual del delito y la criminalidad desde que comenzó una mayor apertura de las medidas de aislamiento?

Vimos un incremento. Tuvimos un descenso abrupto e inédito del delito porque se cortó la circulación, y a partir de mayo comenzó un crecimiento lento pero significativo. Nos alertó el crecimiento de los delitos violentos. Hubo un crecimiento en los homicidios, relativo comparado con mayo-junio, pero significativo comparado con el mismo período de 2019. Ese nos parece el dato de este período.

¿Esperan que continúe el aumento del delito en la pospandemia?

En la medida en que se vayan habilitando actividades y la circulación aumente, seguramente va a haber un incremento de los delitos. En la comparación de los hechos de robo, el 2020 todavía no alcanzó la tasa que teníamos en mayo-junio de 2019, pero seguramente se van a incrementar.

¿Cuál es la zona más problemática? ¿Hay estadísticas?

Trabajamos con datos que nos elevan los ministerios de Seguridad de las provincias, que cuidamos mucho porque no están consolidados. El Sistema Nacional de Información Criminal se nutre de las estadísticas policiales de presuntos delitos, y consolidamos los datos de 2019 que vamos a presentar el 1 de septiembre.

El presidente va a anunciar en los próximos días un plan de seguridad para municipios del conurbano bonaerense. ¿Cuáles serían las características? ¿Participó el ministerio de esa estrategia?

El ministerio de Seguridad participó, es un plan que está basado en fondos de transferencia del Estado nacional hacia la provincia y los municipios para fortalecer la seguridad. Está en elaboración, afinándose el destino de los fondos y la distribución, es algo sobre lo que hay que esperar algunos días para tener las definiciones. Y está incluido el refuerzo de efectivos de fuerzas federales.

¿Cuál es el plan y cómo se trabaja para prevenir ese incremento del delito en la salida de la cuarentena?

Hay que recordar que nosotros intervenimos en delitos federales. Hacemos seguridad ciudadana en algunos barrios del Gran Buenos Aires y la Ciudad, y hoy estamos dándole un apoyo significativo a la provincia de Buenos Aires que implica una intervención, pero mucho menor a la que tiene la policía provincial. La provincia tiene 90 mil efectivos, nosotros tenemos 90 mil entre las cuatro fuerzas para todo el país. Las tareas de prevención las desarrolla cada jurisdicción, y a través del Consejo de Seguridad ofrecemos capacitaciones y herramientas de prevención.

Como ministerio apostamos más a una política de análisis e investigación criminal para apuntar a las grandes redes y organizaciones criminales. En los últimos dos meses estamos llegando a las 20 mil toneladas de droga incautada.

¿Hay otras herramientas para enfrentar el delito además del despliegue de fuerzas, patrulleros, cámaras y presupuesto?

Vamos a trabajar con Desarrollo Social en algunas políticas de prevención que van a abordar el trabajo con jóvenes, que necesitan políticas estatales mucho más de desarrollo y educación que de seguridad, pero vamos a colaborar porque esa también es una política de prevención.

Esta semana se habló de estallidos sociales, de que se vayan todos, incluso de golpe de Estado. ¿Considera que hay en la discusión política sectores que alientan un discurso antidemocrático o que buscan, incluso desde los mensajes sobre la seguridad, generar una escalada en la conflictividad social?

Sí, yo creo que sí. Hay gente que es provocadora, y que está en distintos lugares. A veces con el traje de periodista, a veces de opositor, de intelectual o de ex presidente. Provocadores hay, y me parece que en la Argentina hay como una devaluación de la palabra y de la responsabilidad que implica tener ciertas afirmaciones. Especialmente cuando se ocupan lugares de referencia política, aunque no estés en el gobierno. Hay que hacerse cargo de las palabras.

La inseguridad está siempre entre las principales preocupaciones de la sociedad, en cualquier encuesta. También ahora. ¿Tiene sustento en la realidad o influyen otros factores y actores en esa percepción?

Sí, tiene sustento, porque la gente pasó de estar encerrada en su casa a empezar a salir y percibir que hay delitos, conoce a otros que los sufren, ve lo que ocurre en la televisión y que está cerca. Todo eso genera temor, y nos pone en la obligación de introducir mecanismos que más rápidamente disuaden y tranquilizan. Al mismo tiempo, desarrollar otras estrategias más estructurales. No quedarse solo con las respuestas coyunturales, inmediatas, efectistas. Más policía no necesariamente es más seguridad.

La agenda de seguridad estuvo, históricamente, más presente en los discursos de los sectores conservadores o de derecha. El peronismo, según la época, tiene vaivenes entre miradas más progresistas o más punitivistas. ¿Cómo y desde dónde abordás conceptualmente la seguridad?

La seguridad es un derecho que debe garantizar el Estado. La dirección en que hay que pensar la seguridad de la vida y la propiedad implica también una relación de cuidado y de protección, es una manera que nos aleja de una visión que normalmente se llama punitivista, pero que es una mirada que anula el papel de la Justicia en el proceso penal para sancionar a una persona que comete un delito.

¿Cuáles son las diferencias y los puntos en común con otros integrantes del oficialismo que articulan su discurso en las políticas de seguridad? Como el propio ministro Berni o, desde otro lugar, Sergio Massa.

Todos estamos preocupados por lo mismo, tratar de que la gente se sienta cuidada y protegida, otros dirían que se sienta segura. Hay ideas diferentes acerca de cómo alcanzar esa solución. Hay espacio y ocupamos diferentes lugares. No es lo mismo el ministerio de Seguridad de la Nación que la responsabilidad que tiene el ministro de seguridad de una provincia grande y compleja como Buenos Aires, o el presidente de la Cámara de Diputados. Tuve conversaciones con Massa y con Berni, y no veo diferencias significativas, sí algunas sutiles.

¿Ya pasó lo peor en la relación con Berni?

No tengo ningún problema con él. No hay diferencias en cuanto a cómo abordar la seguridad, sino en qué es coordinar y cómo lo hacemos. Más con el método que con el objeto.

La crisis aumentó la demanda alimentaria, la pobreza y la desigualdad, mientras se restringen las oportunidades para la subsistencia. Hay quienes sostienen que eso genera un aumento del delito. ¿Considera válido ese enfoque? ¿Se sostiene con datos?

Hay diferentes tipos de diagnóstico. En términos generales, el incremento del delito está asociado al aumento de la desigualdad. Esta semana tuvimos el primer encuentro de las “Jornadas sobre Delitos Complejos y Política de Seguridad en la Pospandemia”, y hubo de los investigadores que mostraba cómo en las crisis se incrementan los hechos delictivos. La del año 89, la del Tequila, la del 2001, y cómo esas crisis generan un aumento en el delito y luego la baja nunca alcanza los índices registrados antes de esas crisis. Entonces, podemos decir que es probable que ocurra algo parecido. También es cierto que podemos hacer muchas cosas para evitar que esta crisis, en este caso mundial, no termine con un crecimiento superlativo de los hechos delictivos.

A diferencia de las crisis anteriores, la Argentina hoy tiene un tejido social, una red de contención y una política pública de asistencia directa importante, con organizaciones sociales y funcionarios públicos que hicieron que en estos meses de cuarentena en los que muchos pensaban que podía haber saqueos, no ocurrieron.

Ante esa situación social al límite, ¿cuál es la estrategia en el territorio? ¿Cómo se articula el trabajo con las organizaciones sociales?

Tenemos dos vías de trabajo. Una es la del mecanismo de resolución alternativa de conflictos que hemos desarrollado con las organizaciones sociales y los ministerios de Desarrollo Social de Nación y provincia de Buenos Aires. Esas mesas nos permiten alcanzar una negociación y contacto con referentes sociales, que tienen un trabajo político en los barrios de muchos años.

La otra es a través de la secretaría de Seguridad, con el área de prevención social del delito y la violencia, que trabaja en los barrios donde realizamos seguridad ciudadana. Ahí hacemos actividades distintas con organizaciones sociales y referentes.

Si comenzaran a intensificarse las protestas sociales en la vía pública, ¿cuál sería la estrategia del ministerio para abordar esos conflictos?

De eso la gente no se entera, pero muchas veces no hay más protestas en las calles porque nosotros nos anticipamos para evitarlas, y que son pocas. Hemos tenido más protestas de sectores anticuarentena que de los sectores populares, que son mucho más respetuosos y con ellos hay un diálogo para evitar o encuadrar las manifestaciones.

La tradición en la Argentina es tomar las calles, protestar y expresarse políticamente en las calles, y hay que dejar que ocurra porque es un derecho.

Como científica realizaste un extendido trabajo de campo y estudios con presencia en el territorio. ¿Cuánto de eso pudiste aplicar como ministra? ¿Encontrás una continuidad entre el análisis y la acción ejecutiva?

Sí, hago trabajo de campo, empírico, en terreno, dialogo con policías de la provincia de Buenos Aires, federales, de la Gendarmería y Prefectura desde el 2005. Es una manera de producir conocimiento en mi disciplina, que es la antropología, que requiere del contacto con la tarea que hacen y en los lugares donde prestan servicio. En un patrullero, en la comisaría, en un escuadrón, en la frontera y los lugares donde se forman. Es un conocimiento central para conducir el ministerio porque conozco el pensamiento, la perspectiva y los problemas que tienen quienes nos dependen, que son nuestros funcionarios principales. Tenemos 1500 empleados civiles en el ministerio, y 90 mil efectivos de fuerzas federales. Conozco cómo ven el mundo, las condiciones en las que prestan su servicio y la importancia del bienestar para ellos, es una relación cotidiana.

¿Cuántos de esos problemas y dificultades que tienen los agentes influyen en su trabajo para combatir el delito?

Creemos que las condiciones de trabajo son claves para el desempeño, en cualquier trabajo. Pero en este caso es central muy especialmente porque son organizaciones que no tienen gremios ni sindicatos, está prohibido, entonces requiere en quienes conducen las fuerzas un esfuerzo adicional para estar muy atentos a eso. Hemos vivido en la Argentina varios levantamientos y acuartelamientos, que tienen varias explicaciones, pero algunas son las cuestiones salariales, las exigencias, la falta de tiempo de descanso. Hablamos del cuidado también de quienes cuidan de nosotros.