La Comisión Nacional de Cesanteados, por cuestiones Políticas, Gremiales y Sociales, salió a denunciar públicamente al Diputado Nacional macrista Martín Maquieyra. El pampeano preside la Comisión de Previsión y Seguridad Social y lo acusan de “sabotear el  organismo y no llamar a reunión a los Diputados que la integran, desde el 21 de Marzo de 2018, lo que ha impedido tratar diferentes Proyectos de todo el País, incluido el nuestro”, aseguraron desde la Comisión.

“El Expte. 2564-D-2018, de no ser tratado, pierde Estado Parlamentario en Diciembre de éste año. Nuestro repudio unánime a quienes están haciendo un genocidio silencioso con los Jubilados y Pensionados, que son los que aportaron toda su vida, con su trabajo para hacer de nuestra Patria una gran Nación…. con quienes están saqueando los Fondos de Garantías y Sustentabilidad de la ANSES…con quienes pusimos el pecho para que hoy se respire Democracia, y hoy tengan la oportunidad equivocada, que les han dado, para que ocupen esos cargos..AQUI NO SE RINDE NADIE…TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS”, expresaron en el comunicado.

En el caso puntual de la Comisión de Cesanteados por cuestiones políticas, gremiales y sociales que preside el arquitecto santafesino Adolfo Trejo, impulsa un proyecto de ley de reparación económica que permanece cajoneado en el Congreso. También denunciaron que el Gobierno mantiene congelada la respuesta a los reclamos que elevaron a través de la secretaría de Derechos Humanos.

La Comisión de Cesanteados que fue sumando integrantes a lo largo del país y se conformó formalmente en 2016, meses después de haber presentado a través del diputado Juan Carlos Díaz Roig el proyecto de ley que le da razón de ser a su lucha: que el Estado repare con una jubilación vitalicia equivalente a dos pensiones mínimas a cada hombre y mujer apartado de su puesto de trabajo en el área pública durante los años 70 producto de las “leyes antiterroristas” que rigieron entre 1974 y 1983.

“De un día para el otro nos dejaron sin trabajo y comenzaron a perseguirnos. Nos mantenían controlados en las ciudades en las que vivíamos, no podíamos casi movernos. Fuimos rotulados como ‘peligros reales o potenciales’, exonerados de nuestros trabajos sin posibilidad siquiera de una indemnización”, apuntaron.

Muchos se enteraban de la situación a partir de un telegrama en el que el organismo o área en donde trabajaban –organismos nacionales, provinciales o municipales, empresas públicas y universidades nacionales– les comunicaba la cesantía. Otros lo sabían en la puerta de sus puestos de trabajo, cuando “alguien los recibía con una lista y les comunicaba, así, informalmente, que ya no era empleado”.

Primero el gobierno de Estela Martínez de Perón y luego la dictadura cívico militar se valieron de diversas leyes para dejar a miles de hombres, mujeres en “un estado de total desamparo”: La ley de Cesantías 20840 de 1974; las 21274 y 21296, de Prescindibilidad y de Baja por razones de servicio, complementarias y dictadas por la junta genocida comandada por Jorge Videla; las normas 21322 y 21325 de junio de 1976, relativas a la defensa nacional frente a “actividades subversivas” fueron las herramientas legales de las que se valió el Estado terrorista no solo para separar de la administración pública a militantes políticos y gremiales, sino también para vulnerar sus derechos.

Según la Comisión de Cesanteados, se trató de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible. “Lo que sufrimos fue parte del ataque sistemático contra una parte de la sociedad” que se completó con secuestros, torturas y desapariciones, agregaron los denunciantes.

Ésta es una de las principales razones en las que se basa el proyecto. En noviembre de 2016, la iniciativa obtuvo dictamen positivo de la Comisión de asuntos previsionales, presidida por Mirta Tundis, pero se frenó en Presupuesto. Los integrantes de la Comisión de Cesanteados denunciaron que el diálogo con su presidente, el diputado oficialista Luciano Laspina, “se congeló” a mediados de 2017. “Viajamos a Buenos Aires a intentar dialogar con él para poder darle impulso al proyecto, pero no nos recibió”, sostuvo la profesora Pilar Blanca, quien preside la comisión de cesanteados de Paraná, Entre Ríos, y es vicepresidenta del colectivo a nivel nacional.

El año pasado se presentó el proyecto por segunda vez, ya que el proyecto original había perdido estado parlamentario. Los legisladores firmantes, en esta ocasión, fueron Fernanda Vallejos y Julio Solanas. Ante la falta de interés por la iniciativa, la Comisión de Cesanteados reclamó una reunión con el presidente Mauricio Macri, quien los derivó, sin recibirlos, a la Secretaría de Derechos Humanos.

En abril del año pasado los cesanteados fueron recibidos por el secretario Claudio Avruj, quien se comprometió a dar una que nunca concretó. “Somos el último orejón del tarro del universo de víctimas” de la dictadura. ¿Por qué nadie nos escucha?”, preguntó Blanca, a modo de conclusión a Página 12.

 

 

 

 

 

 

 

Compartir