Durante seis horas la Justicia Federal allanó el rectorado de la Universidad Nacional de La Pampa por una denuncia por supuesta “malversación de caudales” transferidos desde el Estado nacional en los últimos meses del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta denuncia no sólo se hizo en contra de la UNLPam, sino que también fueron acusadas otras 52 casas de estudios.

Se pidieron 31 expedientes, de los cuales se entregaron 9, hasta el momento. La investigación preliminar del fiscal Guillermo Marijuán comenzó por notas periodísticas que daban cuenta de la supuesta distribución de 747 millones de pesos a través de resoluciones de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.

 

Delos 31 expedientes, 25 son de la Secretaría de Políticas Universitarias y de estos 9 fueron encontrados en el lugar. Los 16 restantes, la UNLPam se compromete a la localización y entrega de la documentación hasta el jueves 21 del corriente mes.