Se llevó a cabo la reunión entre el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, y su par mendocino Alfredo Cornejo. Asimismo, participaron de la misma el ministro de Interior Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el secretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartúa. En ese marco, la provincia de Mendoza propuso “constituir la primer reunión del Comité Ejecutivo en el presente día”, según consta en el acta de la reunión firmada por las partes. Ante ello, La Pampa dijo que no podría ser posible ya que no están en el encuentro los integrantes del Comité “debido a que el mismo no había sido convocado”. Habrá una nueva reunión este jueves a las 11 horas.

Ante el pedido de Mendoza y la situación planteada por La Pampa se acordó que habrá una nueva reunión el jueves 14 de diciembre en la Subsecretaría de Recursos Hídricos. En ella  se fijará, entre otras cuestiones, “la agenda de trabajo para cumplir con el resolutivo -II- de la Corte”.

En el encuentro ambos mandatarios, con Nación como intermediario, debían fijar “un caudal hídrico apto en el plazo de treinta días para la recomposición del ecosistema afectado en el noroeste de la Provincia de La Pampa”, expresa el punto II del Fallo de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, en tal acta al cual El Fiduciario tuvo acceso, se aclara a las partes que la fecha límite para determinar el caudal mínimo es e 14 de febrero de 2018, “y el plazo para elaborar el programa de ejecución de obras que contemple diversas alternativas de solución técnicas de las previstas en relación a la problemática del Atuel, es el 29 de junio de 2018”.

Todo indicaría que el caudal mínimo que debían acordar las partes no se fijó, finalmente, en esta reunión. En ninguna parte del acta se encuentra mencionado el mismo. Sin embargo, La Pampa sostiene  que debe “fijarse de forma inmediata independientemente de la realización de obra alguna”, se expresa. Por otro lado, Mendoza argumenta ante el pedido de La Pampa que “aunque debe establecerse un caudal en el plazo dado por la Corte, el mismo no puede ser analizado en forma independiente de las obras que permitan instrumentarlo”.

En el acta también se expresa que se “acuerda realizar las labores a través de un Grupo de Trabajo de cuatro representantes por cada jurisdicción, en el ámbito del Comité Ejecutivo”. Ello tiene la finalidad de lograr un consenso acerca del procedimiento “de determinación del caudal y su desarrollo”.

Por otro lado, se acordó que el Grupo de Trabajo que llevarán adelante las tareas a fines, realice un informe interpretativo sobre el alcance del resolutivo II”. Es decir, el alcance del caudal. En ese aspecto, en el documento se aclara que en caso de no haber consenso entre las partes “se solicitará una aclaración a la Corte”.

Por último, el acta cierra con un acuerdo entre las partes en el cual pedirán a la Corte Suprema de Justicia que establezca un veedor para que observe “las reuniones propias del presente proceso, que serán grabadas y/o filmadas”.