La iniciativa de Ley de Seguridad Interior de México es rechazada por diferentes organizaciones internacional. De esa manera, La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se han unido al repudio. La iniciativa ya fue aprobada por el Congreso de la Unión en México y espera la ratificación en el Senado.

La iniciativa a causado mucho revuelo debido a que varios sectores consideran que México se militarizaría. Esta legislación otorga formalmente nuevas facultades a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública que sólo correspondían a las policías bajo el mando de las autoridades civiles.

La CIDH mostró su preocupación y consideró que la ley “contiene preceptos contrarios a estándares en materia de Derechos Humanos”.

“En la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los Derechos Humanos”, expresaron desde la CIDH.

En un comunicado, la CIDH recordó que en el 2015 ya constató que la presencia de las Fuerzas Armadas tenía como consecuencia un aumento de las violaciones a los derechos humanos, “incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad”. De esa manera, se le recordó a México que “es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas”.

Por su parte el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, expresó que la ley de Seguridad Interior es de “imperiosa necesidad”.

El representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, indicó que la ley “generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”.

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