“La lectura es positiva, el fallo es muy bienvenido. La Pampa lo esperaba, por ahí no lo esperaba tan pronto pero para eso trabajamos, para tener un fallo de estas características”, expresó el procurador General de Rentas, Hernán Pérez Araujo, con respecto al fallo por el rio Atuel emitido por la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordena a La Pampa y Mendoza a “elaborar un plan que permita superar las diferencias entre ambas provincias con la recomposición del ecosistema del noroeste de la provincia de La Pampa de acuerdo y en conjunto con el Estado Nacional”. En ese sentido, ya comenzaron a establecerse los contactos para poner en marcha la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (C.I.A.I.) y de esa manera definir un caudal ecológico para restaurar el ecosistema. Para ello, cuenta con un plazo de treinta días.

“Es una sentencia preliminar, ordenatoria donde la Corte se pone en cooperación con las partes pero también va a controlar y monitorear la cuestión. El fallo fija un caudal óptimo para que ecosistema pampeana sea recompuesto. Esto lo tenemos que definir en treinta días con la provincia de Mendoza y con el Estado nacional en el marco de la C.I.A.I y esto era la pretensión de La Pampa en la demanda en torno a la cual giraban todas las otras pretensiones”, comentó el procurador general de Rentas. “La petición de La Pampa era que haya un caudal mínimo ambiental inmediato. Es decir, un caudal permanente y con el caudal suficiente para el uso humano y el ecosistema”, agregó.

“El caudal mínimo del que se habla ahora es para recomponer el ecosistema. Una vez realizado el planteo y aprobado por la Corte y llevada adelante la misma, empezaremos a hablar de los otros escenarios planteados por La Pampa de las demandas que ya tienden, en un futuro, a hacer un uso productivo. Por ahora vamos cumpliendo los pasos que nos fija la Corte. En principio hay que poner en funcionamiento la C.I.A.I y fijar el caudal mínimo que no puede ser menor al que ya La Pampa ha reclamado”.

En caso que las las provincias no lleguen a un acuerdo la Corte habla del “derecho federal de la concertación esto quiere decir que es una acuerdo que tiene que hacer la Nación con dos provincias. Lo que hace la Corte es monitorear ese acuerdo y aprobarlo tanto en el tema del caudal como en las obras. En caso de que llegados estos plazos no nos pongamos de acuerdo, la Corte retoma la cuestión y sigue el juicio tal como el procedimiento lo ordena”, indicó Hernán Pérez Araujo.

Por otro lado, el fallo establece que se debe confeccionar un plan de elaboración conjunta “deberá ser sometido a la aprobación” de la Corte Suprema de Justicia “en el plazo de 120 días”. Así, la C.I.A.I será el órgano facultado “para desarrollar el programa de ejecución de obras encomendado a las partes mediante este pronunciamiento”. Ante ello, se remarca que el programa deberá tener en cuenta los costos de la construcción de las obras “y su modo de distribución entre el Estado Nacional y las provincias de La Pampa y Mendoza”.

Al respecto de la construcción de obras, Hernán Pérez Araujo dijo: “Tenemos que juntarnos no solo Mendoza y La Pampa, sino también Nación para ver cuáles son las obras conducentes a que este conflicto se solucione. Esto quiere decir una manejo conjunto de la cuenca. En principio este caudal mínimo para la reconstitución del ecosistema pero después están las obras para el manejo conjunto. Hay 120 días donde nos tenemos que poner de acuerdo en qué obras son beneficiosas para ambas partes y quien las financia. Yo creo que el involucramiento del Estado nacional por orden de la Corte tiende a que haya una fuente de financiamiento que a las provincias se les hace más dificultoso obtener. Esperamos la participación del Estado”.

 

 

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