Hoy es el último día de plazo para conocer si, finalmente, Catalunia se convertía en un país independiente y autónomo. El plazo fue impuesto por el presidente español Mariano Rajoy hacia el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que aclarara si proclamó o no la independencia.

Sin embargo, Puigdemont declaró que la independencia “sigue en vigor”, pero advirtió que “podrá proceder” a votarla, de manera formal, en el Parlamento de Cataluña si el gobierno central “persiste en impedir el diálogo y en continuar con la represión”.

Luego del comunicado de Puigdemont donde esboza tales puntos, Rajoy hará una reunión extraordinaria con su gabinete para emprender la aplicación del artículo 155 de la Constitución Nacional. El mismo se encuentra dentro del capítulo tercero llamado “de la organización territorial del Estado” del título VIII denominado “de la comunidades autónomas”. En ese sentido, el artículo 155 expresa:

  1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
  2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Por su parte, el presidente de la Generalitat había apostado al diálogo como manera de solventar la situación. “Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar”, señaló Puigdemont.

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