El fiscal santafesino Fernando Rodrigo fue denunciado penalmente por presuntas escuchas ilegales a los teléfonos de tres abogadas, una de ellas su ex pareja y compañera de trabajo. El funcionario presentó la renuncia a su cargo, pero la causa penal seguirá adelante y podría enfrentar hasta 10 años de prisión, informó Diario Judicial.

Un fiscal rosarino fue denunciado por realizar escuchas telefónicas a su ex novia y otras personas allegadas. Se trata del fiscal de la Unidad Investigación y Juicio N° 1, Fernando Rodrigo, quien fue acusado por un empleado de la fiscalía, al detectar que entre los números a intervenir en una de las investigaciones se encontraba el de su compañera de trabajo. Todo comenzó cuando un funcionario de la fiscalía notó que uno de los teléfono que se iban a intervenir era de una abogada que trabaja como pasante en ese ámbito y fue ex pareja de Rodrigo.

Tras conocerse la noticia, el fiscal fue suspendido preventivamente de sus funciones.  En ese marco se ordenaron allanamientos en el despacho, domicilio y auto particular del funcionario judicial. En la requisa se secuestraron legajos, computadoras, teléfonos y otros elementos de la causa. También se tomaron declaraciones testimoniales y se pidieron informes a las compañías telefónicas.

Apenas unas horas más tarde, el fiscal presentó su “renuncia indeclinable” al cargo ante un posible juicio disciplinario a raíz de la investigación ordenada por el fiscal general Jorge Baclini a pedido de la auditora general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich. Ahora resta que el gobernador Miguel Lifschitz acepte la dimisión.

En diálogo con el programa Radiópolis, el abogado del fiscal, Víctor Corvalán, manifestó que la renuncia de Rodrigo fue para que la investigación se lleve a cabo “sin ninguna interferencia”, y señaló que al dirimir “no hay posibilidad de sanción administrativa”.

En una conferencia de prensa, el fiscal general Baclini explicó que la renuncia “acelera los pasos”, ya que Rodrigo dejará de integrar la fiscalía cuando se acepte su dimisión. “La investigación penal por los posibles delitos que se cometieron siempre se manejó como si fuera un ciudadano común y esa persecución penal sigue con los pasos legales como corresponde”, dijo Baclini

La denuncia penal seguirá su camino por los presuntos delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica, interceptación indebida de teléfonos, e incumplimiento de los deberes de funcionario público mientras ocupó ese cargo. Podría enfrentar penas de entre 3 a 10 años de prisión. Las denunciantes también se reservaron el derecho a demandarlo civilmente tanto a él como al MPA. Fuentes judiciales revelaron que “hay muchas horas de escuchas”, por lo que podría haber más personas afectadas.