La Corte Suprema fue testigo de la primera de las audiencias públicas en las que se discute sobre la legalidad de la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta. A 133 años de la Ley de Educación Pública, Laica y Gratuita, el debate sobre enseñanza religiosa tiene su epicentro en tribunales, informó Diario Judicial.

Se llevó adelante la primera de las cuatro audiencias previstas para tratar un caso de gran importancia “simbólica”, la causa “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta – Ministerio de Educación de la Prov. de Salta s/ amparo”, donde la Corte Suprema de Salta declaró la legalidad de la educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas provinciales

La Sala de Audiencias del Máximo Tribunal, ubicada en el cuarto piso del Palacio de Justicia, fue el ámbito en donde se volvió a la dicotomía Educación Laica – Eduación Religiosa, rememorando el contexto en el que se sancionó la Ley 1420 – de 1884- . Diferentes Amigos del Tribunal se pronunciaron a favor y en contra de la normativa salteña. Atentos a los discursos estuvieron los supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Carlos Rosenkrantz no participó por hallarse excusado: fue integrante de la Asociación de Derechos Civil (ADC), que fue una de as que instó la acción junto con un grupo de padres de alumnos de las escuelas salteñas.

En esta primera audiencia se pronunciaron representantes de la Asamblea Permanten por los Derechos Humanos (en cabeza de los abogados Mariana Catanzaro y Guillermo Torremare), del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina (con el abogado Sebastián Sfriso), del Partido Demócrata Cristiano de la Ciudad de Buenos Aires (con el abogado Pedro Andereggen como orador), del Centro de Estudios en Derecho y Economía de la UBA (Concurrió su director Juan Vicente Sola). También expresaron sus posturas ante el Máximo Tribunal representantes de la Asociación Bautista Argentina (Pablo Grancharoff); Educación Popular Acción Civil (Padre Ernesto Herrmann), Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa (Juan Navarro Floria), Asociación Internacional del Libre Pensamiento (Fernando Lozada),.

Además participaron representantes de la Asociación Civil Ojo Ciudadano (Nicolas Mayoraz), Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día (Ruth Galíndez), Universidad de José C. Paz (Su rector, Federico Thea) y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Dalile Antúnez) y también abogados Jorge Gentile, Julián Díaz Bardelli, Estela Sacristán, Carlos Maino y Norberto Padilla. Cada orador contó con diez minutos, por reloj, para exponer sus fundamentos.

La APDH apoyó la posición de la parte actora, considerando inconstitucional la obligatoriedad de la educación religiosa por ser “abiertamente discriminatoria” porque soslaya a parte de la población de la provincia que “que tiene creencias y convicciones seculares”. La asociación abogó por la libertad de conciencia y que la instrucción religiosa “tenga lugar en el seno de cada familia, no en las escuelas públicas”. “no se puede invocar el argumento de que se discrimina a los niños católicos”, cuestionó Mariana Catanzaro.

“No hay motivo alguna para que en una provincia autónoma reglamente la educación primaria, esto es lo que hace Salta desde hace 140 años”, señaló el abogado Gentile. Desde el Instituto Laico, por el contrario, eligieron “no adoptar una perspectiva jurídica”, el representante reconoció que tenía diez minutos para explicar lo que “se resume en una frase”: “es evidente que no corresponde la educación religiosa”. “La escuela pública es un antídoto de tolerancia, de resperto del otro y de pluralidad, que transimte un método: el pensamiento crítico ”, resumió su orador.

El Partido Demócrata Cristiano apoyó la postura de la provincia de Salta invocando “los principios generales” del partido, además de destacar que el desarrollo espiritual “se alcanza con la educación religiosa”, la que efectiviza el derecho del niño “a recibir educación integral”.

Juan Vicente Sola analizó el texto constitucional y destacó que el principio de reserva constitucional, comprendido en su artículo 19 contiene el sistema de libertad “sobre el que giran todas las libertades” y que, consecuentemente, la norma provincial, al obligar a revelar la religión de los niños, es violatoria de esa garantía. “Una norma que separa alumnos, establece una desigualdad en la enseñanza”, sintetizó.

Para el orador que representó a la Asociación Bautista Argentina hay “grandes distorsiones” en el sistema educativa, donde la provincia se ha “extralimitado” su competencia constitucional en la reglamentación de la educación religiosa. “La provincia ha introducido un factor que ha perturbado a la comunidad educativa perjudicando a niños de distintas procedencias que han tenido que recurrir al amparo judicial en protección de sus derechos”.

El padre Herrmann, por parte de la Fundación Educación Popular, admitió ser un “clérigo regular” r invocó el derecho a la identidad cultural, que está en riesgo de ser conculcado de hacerse lugar al reclamo de los amparistas.

El abogado Bardelli alertó sobre el miedo de algunos alumnos de ser “estigmatizados” por no asistir a las clases religiosas.“Por falta de un programa alternativo, los niños cuyos padres no pertenecen a la religión católica terminan deambulando por el patio o por la biblioteca de la escuela”, mientras sus compañeros asisten a la formación religiosa”, aseguró.

A su vez, la representante de ACIJ, Dalile Antúnez, concluyó que con la norma “Se viola el derecho a la privacidad e intimidad de estudiantes católicos y no católicos”