El Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (27.375), aprobada por el Congreso a principios de mes, con el objetivo de limitar las excarcelaciones y las salidas transitorias para condenados por delitos graves, informó Diario Judicial.

El decreto 573/2017 fue publicado hoy en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Justicia, Germán Garavano. El texto reforma la Ley de Ejecución de la Pena y que establece que los autores de delitos graves no podrán contar con el beneficio de las salidas anticipadas, transitorias o libertad condicional.

La iniciativa tomó impulso tras la muerte de Micaela García, la joven entrerriana que fue asesinada en abril de este año luego de ser secuestrada por Sebastián Wagner, un hombre que cumplía una condena por un caso de violación y recibió el beneficio de la libertad condicional por parte del juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi.

Puntualmente, los condenados por delitos de homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual, robo seguido de muerte, robo con armas de fuego, trata de personas, terrorismo, privación ilegal de la libertad coactiva, tortura seguida de muerte y secuestro extorsivo no podrán obtener dichos beneficios y deberán cumplir de forma íntegra la pena. Tampoco se les concederá la libertad condicional a los condenados por los delitos previstos en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Estupefacientes (23.737).

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