La empresa estatal Arsat firmó una carta de intención con la firma estadounidense Hughes para construir y operar el satélite Arsat 3. Mediante este acuerdo se creará una empresa denominada Newco que se encargará de gestionar el nuevo satélite y estará controlada en un 51 por ciento por Hughes y en un 49 por ciento por la propia Arsat. Hughes será la encargada de poner la mayoría de los fondos para la construcción. Sectores de la oposición y especialistas del sector cuestionan la iniciativa porque argumentan que viola el artículo 10 de la ley 27.208 de Soberanía Satelital que exige la autorización del Congreso para avanzar con “cualquier acto o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales y de los recursos asociados (…) que pertenezcan o sean asignados a Arsat”. Además, el convenio termina con el plan satelital geoestacionario argentino y resigna el desarrollo de la banda Ka, que permite brindar Internet de banda ancha a usuarios finales, a manos de Newco, que será controlada por Hughes.

De la carta de intención firmada con Hughes efectivamente no se desprende una privatización de Arsat, pero sectores de la oposición denuncian una violación de la ley de soberanía satelital sancionada en noviembre de 2015. Los legisladores fueron lo suficientemente amplios para tratar de evitar no sólo la privatización de la empresa sino también maniobras que pudieran suponer la enajenación de alguno de sus activos. Jorge Aliaga, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, explicó que “Arsat no se privatiza, pero se crea una nueva sociedad, denominada en el documento Newco, con una finalidad específica, que antes tenía Arsat. Es decir que Arsat pierde esa especificidad”, en referencia a la construcción y operación de satélites.  

Arsat aseguró ayer que “las órbitas que ocupará el tercer satélite, se realice con o sin inversiones de Hughes, serán del Estado argentino. Será fabricado por Invap, por recursos humanos argentinos y con la participación de empresas nacionales del sector”. Desde la oposición responden que asegurar la participación de Invap es importante, pero no garantiza el cumplimiento del plan satelital geoestacionario argentino incluido como anexo de la ley 27.208, pues el objetivo explicitado en ese texto era construir nuevos satélites con flujos propios para garantizar la sustentabilidad del negocio, tomando financiamiento pero que se iba a repagar con los recursos generados por Arsat 1 y 2.

Fuente: www.página12.com.ar